Se perdió demasiado tiempo, treinta meses del período de gobierno del Frente de Todos, para trabajar sobre el tema de los subsidios tarifarios. Peor, se profundizó sin límites el gasto presupuestario hasta llegar al borde del abismo.
Se quiere disimular los aumentos que vendrán plasmados en las próximas boletas de luz y gas, pero el verdadero impacto de impopularidad llegará a la hora de pagarlas.
Los picos inflacionarios fueron las luces de la alarma que motivaron la movida en el gabinete y la carta blanca a Sergio Massa para hacer los cambios, al menos parcialmente, que no le permitieron a Martín Guzmán.
A contramano de su ideología, el ala cristinista del Gobierno por ahora sigue dejando hacer, a sabiendas de que no había forma de seguir soportando subsidios que sin ninguna lógica socioeconómica han estado financiando los gastos en energía de sectores con altos y medianos ingresos.
Diferenciarse de la política del tándem Macri-Aranguren ha sido un costo demasiado alto en términos económicos para el país, pero también en cuanto a la pérdida de sustentabilidad para un gobierno que hoy se observa frágil. La nula cohesión política de la coalición gobernante, con los embates públicos de la vicepresidenta obturó toda posibilidad de un programa sólido y trazó un camino errático que llevó al país hasta la crisis actual.
El gobierno de Cambiemos eligió en su momento la vía de los ajustes tarifarios sin anestesia y sin cintura política, aun en el año electoral que signó su derrota en las urnas. Desde que asumió en diciembre de 2016 bajó el gasto de subsidios energéticos y en transporte de 19 mil millones de dólares a 7 mil millones. La gestión de Alberto Fernández lo volvió a subir en dos años y medio a 16 mil millones de dólares, según datos oficiales.
La decisión en esta etapa que va de la mano de Sergio Massa de cambiar el rumbo con la quita de subsidios, y en cumplimiento con los compromisos con el FMI, es más que un giro económico; se trata de un cambio de paradigma político.
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El problema para el Frente de Todos es que el poder adquisivo se va licuando con la inflación y el sacrificio de los costos del consumo domiciliario será un golpe más para la clase media en el peor momento. Ya pasó el anuncio de la "redistribución de subisidios" con el que se quiere disimular los aumentos que vendrán plasmados en las próximas boletas, pero el verdadero impacto de impopularidad llegará a la hora de pagarlas.
Los escraches a ricos y famosos a través de medios afines será una anécdota más de una política que parece dar manotazos de ahogado "redistribuyendo" culpas, cuando las causales hay que buscarlas en el desmanejo de subsidios sin criterios razonables y en la insuficiente inversión energética.
La quita de subsidios no será de una, ya que se ha previsto una gradualidad en tres bimestres hasta enero próximo. Mientras, a la par, la actualización de tarifas por lógica inflacionaria todavía está en proceso de análisis.
Para atenuar el dolor, la Secretaría de Energía va difundiendo las excepciones para determinados consumos, como el que alcanza a clubes de barrio y comedores inscriptos en todo el territorio nacional, que mantendrán los subsidios, al igual que entidades de bien público, bomberos voluntarios y entidades sin fines de lucro, entre otros.
También los gobernadores peronistas se metieron con el tema y pidieron "proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de preservar la estructura de ingresos y consumos".
En el caso de Mendoza, se mantiene para la tarifa de gas el subsidio prescripto por la Ley de Zonas Frías, que es costeado por los usuarios de otras regiones que no están beneficiados, pero que a su vez pueden tener algunas tarifas diferenciales a su favor por sus características climáticas, de acuerdo con los complejos cuadros anunciados.
El escenario politico venidero anticipa un clima conflictivo por la pérdida del poder adquisitivo, que se agrava con el nuevo incremento de los combustibles, lo que ocasionará mayores costos en los fletes y su traslado al precio de los productos.
El tire y afloje
Sin ninguna posibilidad de que el Gobierno ya pueda seguir guardando la basura bajo la alfombra, se sabe que viene una etapa de ajustes que también alcanzará a los auxilios financieros a las provincias. Los mandatarios peronistas reunidos en La Plata reclamaron desarrollar esfuerzos de coordinación para transformar planes sociales en empleos genuinos. Y lo más importante para sus gestiones: que no se corte la obra pública.
En sintonía, Sergio Massa anunció que la semana que comienza entrará en vigencia por decreto un nuevo Régimen de Blanqueo para la Construcción que prevé beneficios fiscales y financiamiento para empresas del sector.
Mientras se hacen eSfuerzos en la Nación para ir acomodando los desequibrios fiscales y financieros, al menos los estados provinciales han mostrado mejores resultados en las cuentas públicas. "Es el primer año desde el 2010 en que hay un resultado fiscal positivo", señala el informe del IARAF.
Axel Kicillof, después de la reunión con sus pares en La Plata, recogió el guante de la preocupación por la inflación y la caída de los ingresos de las familias. Justificando las medidas del Gobierno, reconoce que "había una emergencia vinculada a lo financiero que había que atender" y que la idea es respaldar "las medidas necesarias para asegurar mejoras en los ingresos, estabilidad en los precios".
Los días venideros serán de agitación. La marcha de la CGT, la CTA y organizaciones sociales, con consignas dispares de supuesto apoyo al Gobierno, no disimulan el malestar en aumento.
Massa anticipó que habrá mejoras por vía de bonos como un suplemento para diversos sectores por los picos de inflación reciente, y paritarias en marcha para la recuperación de los ingresos.
Con el impuesto inflacionario, donde unos pocos ganan y la mayoría de la población pierde, son escasos los gremios con espaldas que logran una negociación favorable. Lo único asegurado es el clima de conflictividad, que en el Estado es moneda corriente.
En Mendoza, ATE ya rechazó la oferta oficial y anunció cuatro días de paro, mientras el SUTE la someterá a consideración de las bases. En tanto FADIUNC, que representa a docentes e investigadores de la UNCuyo, anunció un paro para el lunes, en disconformidad con la propuesta de aumento del Gobierno nacional, que los gremios kirchneristas se apuraron a aceptar pese a la pérdida frente a la inflación.
El clima de tensión que se avizora en distintos frentes va en aumento, en tanto se aguarda que el Gobierno acelere el ritmo de las medidas. El asunto es que desde el sector sindical y una parte del Frente de Todos reclaman un tipo de anuncios que colisiona con lo que los empresarios están esperando, mientras las voces opositoras hacen hincapié en el desconcierto.
Así las cosas, después del veranito que logró la asunción de Massa, los mercados han empezado a mostrar signos de inquietud. Y el ciudadano de a pie es el que la está sufriendo, con una paciencia puesta a prueba todo el tiempo.
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