La decisión final de la Corte Suprema podría redefinir los límites entre estados y gobierno federal en materia de justicia migratoria. Migrantes en fila en el muro fronterizo para intentar cruzar hacia Estados Unidos, en ciudad Juárez Chihuahua (Archivo). Crédito: EFE/Luis Torres.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este miércoles mantener bloqueada, al menos por ahora, la ley SB 4-C de Florida, una de las más duras del país contra la inmigración. Esta polémica normativa convierte en delito estatal la entrada de indocumentados al territorio, incluso si provienen de otros estados, según informa EFE.
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Migrantes que hacen fila en el muro fronterizo para intentar cruzar hacia Estados Unidos, en ciudad Juárez Chihuahua en México (Archivo). Crédito: EFE/Luis Torres.
En una orden sin explicaciones, el máximo tribunal rechazó la solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien buscaba levantar el bloqueo impuesto por un tribunal inferior. La jueza federal Kathleen M. Williams había frenado la implementación de la ley en abril, calificándola como “probablemente inconstitucional”.
Uthmeier fue incluso declarado en desacato por desobedecer esa decisión judicial. La ley, promovida por el gobernador Ron DeSantis, permite a la policía estatal arrestar a personas solo por su estatus migratorio, sin importar si ya iniciaron un proceso de regularización o no han cometido ningún otro delito.
Una ley que pone en jaque la política migratoria federal
La norma fue duramente cuestionada por organizaciones civiles como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas (FWAF), que demandaron su aplicación. Argumentan que solo el gobierno federal puede legislar sobre inmigración, y que la ley de Florida rompe ese principio constitucional.
Además, obliga a mantener detenidas a las personas sin considerar sus circunstancias, lo que agrava aún más la situación de miles de familias migrantes.
Florida y Trump contra la inmigración
La ley SB 4-C es parte de una tendencia más amplia impulsada por líderes republicanos como Ron DeSantis y el presidente Donald Trump, quienes promueven políticas migratorias más agresivas. Aunque uno de cada cinco residentes en Florida es inmigrante, el estado lidera la implementación de medidas que buscan endurecer los controles migratorios.
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Donald Trump convirtió la inmigración en uno de los ejes centrales de su agenda política, y Florida es su laboratorio: las autoridades locales deben cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo leyes estatales aprobadas durante su administración.
