Activistas acusan a las autoridades de abusos en Chicago
La acción judicial, impulsada por la ACLU de Illinois y el Centro de Justicia MacArthur, señala que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) negaron a las personas bajo detención el acceso privado a sus abogados y bloquearon el ingreso al edificio de legisladores, religiosos y periodistas.
Según la denuncia, esta falta de supervisión permitió a las autoridades actuar “con total impunidad”, mientras algunos detenidos fueron presionados para firmar documentos que no comprendían, lo que habría derivado en deportaciones forzadas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defiende las redadas de ICE en Chicago.
Condiciones denunciadas como “inhumanas”
Alexa Van Brunt, abogada principal del Centro de Justicia MacArthur, aseguró que miembros de la comunidad inmigrante están siendo “secuestrados en las calles, hacinados en celdas, privados de alimentos y atención médica, y forzados a renunciar a sus derechos legales”.
Los abogados acusan al ICE, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de violar derechos constitucionales, entre ellos el debido proceso y la asistencia letrada.
El centro de Broadview, en las afueras de Chicago, ha sido señalado durante meses por su sobrepoblación y falta de acceso a defensa legal. Según abogados y familiares, allí llegan a permanecer hasta 200 personas al mismo tiempo.
Protestas y fallos judiciales en Chicago
Las denuncias contra el centro también provocaron manifestaciones que terminaron con arrestos y una nueva detención de manifestantes.
Una coalición de medios y activistas presentó otra demanda, alegando que agentes federales usaron gases lacrimógenos y otras armas de forma ilegal.
La jueza federal Sara Ellis falló a favor de los demandantes y ordenó que los agentes federales en Chicago lleven placas visibles y cámaras corporales, además de prohibir el uso de técnicas violentas contra manifestantes pacíficos y periodistas.




