A partir de este jueves, el Gobierno de Estados Unidos cobrará una tarifa de 1.000 dólares a los nuevos beneficiarios del permiso humanitario “parole”, una medida impulsada por la Administración de Donald Trump para limitar el acceso de migrantes a este tipo de residencia temporal, informó EFE.
Nueva medida
El Gobierno de Estados Unidos aplicará una nueva tarifa al "parole"
El Gobierno de Estados Unidos cobrará 1.000 dólares a nuevos beneficiarios del permiso humanitario "parole", en una medida impulsada por Donald Trump
Logo del Departamento de Seguridad Nacional en la sede del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en Washington, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Graeme Sloan.
El anuncio fue realizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que indicó que el cobro aplicará a “todo extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos y no cumpla con una excepción específica”.
Según el DHS, la tarifa también alcanzará a quienes ya presentaron su solicitud, pero aún esperan una resolución.
El permiso quedará automáticamente cancelado si el beneficiario no realiza el pago al presentarse en un puerto de entrada o mientras se encuentra dentro del país.
Excepciones y casos especiales
El Gobierno aclaró que habrá excepciones para quienes enfrenten emergencias médicas, asistan a funerales familiares, o colaboren con las autoridades estadounidenses en investigaciones o tareas de seguridad.
El DHS podrá también eximir del pago a extranjeros cuya permanencia “represente un beneficio público significativo”.
Estas excepciones, sin embargo, serán analizadas caso por caso, lo que genera preocupación entre las organizaciones de defensa de migrantes que alertan sobre posibles abusos administrativos.
Donald Trump endurece la política migratoria
La tarifa de 1.000 dólares fue incorporada en julio dentro de la llamada “One Big Beautiful Bill”, un paquete legislativo central en la agenda de Donald Trump que refuerza el control migratorio de su gobierno.
La medida busca desalentar las solicitudes de asilo y restringir los permisos humanitarios que benefician a migrantes de países como Haití, Nicaragua y Venezuela.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha impulsado una serie de acciones para desmantelar o limitar drásticamente los programas de “parole”, lo que incrementa el riesgo de deportación para miles de latinoamericanos que residen en Estados Unidos bajo este estatus temporal.