Mendoza Viernes, 3 de agosto de 2018

Un prófugo no terminó una cárcel en Mendoza pero la cobró igual

El cordobés Juan Carlos de Goycoechea, al frente de la firma española Isolux, levantó un tercio de la obra pero le pagaron el 70%.

Los dos ejecutivos vinculados en Mendoza con el escándalo de los "cuadernos de las coimas" que ha puesto contra las cuerdas al planeta K, aún siguen prófugos y con las horas contadas para que el juez federal de Buenos Aires Claudio Bonadio les dicte la captura nacional e internacional.

Uno es Francisco Valenti, el mendocino actual miembro del directorio de IMPSA (Industrias Pescarmona SA), quien está de paseo por el Lejano Oriente con su familia, en un tour que lleva un mes y por el que ha recorrido China, Japón y la ciudad de Hong Kong.

El otro vinculado no es mendocino, pero sí lo es una obra muy importante para Mendoza que la empresa que él comandaba cobró y no construyó.

Se trata del cordobés Juan Carlos de Goycoechea, un prestigioso abogado y experto en finanzas, quien estuvo al frente en nuestro país de la constructora española Isolux Corban, firma que levantó la central térmica de Río Turbio, por la que el ex ministro de Planificación Julio De Vido está preso e investigado penalmente por sobreprecios.

Esa misma compañía ganó el 29 de marzo de 2011 la licitación para construir la cárcel federal de Mendoza, ubicada al lado del penal Almafuerte, en Luján, establecimiento que nunca concluyó, levantando apenas el 37% de la penitenciaría, es decir la obra gruesa.

En ese estado de atraso la recibió el gobernador Alfredo Cornejo, quien el miércoles pasado reveló que aun así la firma Isolux Argentina se cobró el 70% de lo presupuestado.

La Nación adjudicó las obras a Isolux durante el gobierno de Cristina Fernández, por un valor de $190 millones, equivalente en ese entonces (corría el 2011) a U$S46 millones, con la divisa cotizando a $4,10.

La compañía se cobró finalmente $133 millones (de acuerdo al porcentaje brindado por Cornejo) a pesar de solo realizar un tercio de la obra.

Para Cornejo, la cárcel federal en campo Cacheuta es un símbolo de la corrupción kirchnerista que se destapó en las últimas horas con el escándalo de los cuadernos de las coimas.

Así lo hizo saber durante una visita al nuevo establecimiento, ya listo para inaugurar, luego de que la Nación tuviera que volver a licitar su construcción en 2017 tras ser fuera abandonada por Isolux Argentina en 2016, siempre bajo el mando del ahora prófugo Juan Carlos de Goycoechea.

La nueva licitación hecha por el gobierno de Mauricio Macri para terminar con la cárcel le costó al Estado nacional otros $1.200 millones más, es decir unos U$S45 millones más, de acuerdo a la cotización actual del dólar, casi lo mismo que Isolux se cobró habiendo construido apenas el primer tercio.

La salida de Isolux Argentina rompiendo el contrato de la obra de la cárcel federal en Mendoza fue en diciembre de 2016, fecha crucial para la compañía.

Ese mes, la central española de Isolux en Madrid descabezó toda la cúpula de su filial en Buenos Aires, desde Juan Carlos de Goycoechea para abajo a quien además acusó de malversar las finanzas de la empresa y de quedarse con millones de euros.

Lo ocurrido con la inconclusa cárcel federal en Mendoza fue el disparador para que el Ministerio de Justicia de la Nación sancionara a Isolux Argentina.

La suspendió por cinco meses a mediados de 2017 a raíz del incumplimiento de contrato que hizo perder millones al Estado.

En declaraciones a medios españoles, De Goycoechea negó rotundamente que hubiera defraudado a la empresa, dijo que solo la filial Argentina funcionaba bien y que el reto de la firma en España y otras partes del mundo estaba quebrada.

Como fuese, el ejecutivo es ahora una de las figuras de la trama de los cuadernos que es suerte de bitácora de la ruta del dinero K, sobre todo a cuenta de que fue quien lideró a su empresa en la construcción de la central de Río Turbio, otros de las obras apuntadas por la Justicia como un tótem de la corrupción kirchnerista.

Negociando la libertad

La no presentación del mendocino Valenti y de De Goycoechea ante la Justicia como sí lo han hecho otros empresarios responde seguramente a la estrategia legal que ya les están marcando sus respectivos abogados.

Los estudios jurídicos que asesoren a ambos tratarán por todos los medios de asegurarse de que los acusados queden libres en caso de entregarse.

Sobre todo Francisco Valenti, que nunca es nombrado al parecer con nombre y apellido en los cuadernos aunque la cantidad de detalles que se dan lo delatarían como el hombre que se describe en las anotaciones.

Como el juez Bonadio los acusará de asociación ilícita y ese delito tiene una pena mínima de 3 años, ambos ejecutivos deberían tener grandes chances, como los que ya se presentaron, de obtener la libertad con una millonaria fianza.

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