En un juicio abreviado, acordado entre la defensa y la fiscalía hace dos meses, se dictó sentencia para tres funcionarios de la administración de Celso Jaque, implicados en una estafa a la Unidad Fiscal de Financiamiento (UFI). Los empleados fueron condenados a prisión e inhibidos de por vida para ejercer cargos públicos.
Federico José Acuña Grivarello, Marcelo Orlando Martorell y Claudia Beatriz Banno recibieron tres años de cárcel en suspenso, mientras que María Florinda Rubio fue sobreseída. Todos habían sido acusados e intimados por el Tribunal de Cuentas a devolver dinero que faltaban en la rendición de cuentas del año 2010.
La UFI es la oficina autónoma encargada de administrar la tramitación y movimientos de fondos de los créditos internacionales que recibe. Adrián Cerroni, quien era ministro de Hacienda en 2011, fue el que inicialmente realizó la denuncia, que después demoró cinco años en resolverse.
En detalle
Al margen de la causa abierta por las irregularidades administrativas, los implicados fueron también investigados penalmente y se resolvió condenarlos por el delito de peculado, es decir, por disponer de fondos y bienes del Estado para otro fin distinto al que estaba previsto: en este caso desviar fondos públicos a sus cuentas particulares a través de maniobras contables.
La 5ª Cámara del Crimen emitió la sentencia, que se sumará a la del Tribunal de Cuentas.
La Justicia pudo comprobar que los acusados destinaban pagos a sus cuentas particulares
Ahora estos ex funcionarios, si bien no quedarán tras las rejas, deberán cumplir al código de conducta previsto por el Código Penal, que prevé fijar un domicilio y no cambiarlo sin previo aviso. Además no pondrán salir del país sin autorización judicial y deberán presentarse a firmar una vez por mes ante el Organismo Técnico Criminológico.