La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió este miércoles que los 4 ex jueces mendocinos que están acusados de cometer delitos de lesa humanidad sean condenados a prisión perpetua.
Fernando Peñaloza, representante de ese organismo, culminó su alegato con la solicitud de esa pena para los destituidos Otilio Romano (detenido en el penal de San Felipe tras haber estado prófugo en Chile) y Luis Miret, y también para Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo.
Los delitos que se les imputan ocurrieron antes y durante la dictadura cívico-militar (1975-1983), cuando los imputados se desempeñaron como jueces y fiscales.
El alegato de Peñaloza demandó seis audiencias de la denominada megacausa en la que también son juzgados 32 ex integrantes de fuerzas de seguridad. Tanto la Nación como Mendoza forman parte de la querella, situación que fue ratificada por las nuevas gestiones, tanto de Mauricio Macri como de Alfredo Cornejo.
El letrado de la Secretaría de Derechos Humanos concluyó que los cuatro ex magistrados fueron partícipes primarios de los hechos que les imputan.
Peñaloza los consideró responsables de homicidios agravados por alevosía con la participación de dos o más personas a Romano en 33 casos, a Miret en 7, a Carrizo en 2 y a Petra en 17; de privación abusiva de la libertad a Romano en 36 casos, Miret en 18, Carrizo en 14 y Petra en 6 y de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima a Romano en 36 casos, Miret en 6 y Carrizo en 2.
Se suman omisiones de promover investigaciones, allanamientos ilegales de morada y robo agravado.
Para el querellante los 4 acusados formaron parte de una asociación ilícita.
Durante su extenso alegato el profesional desacreditó el argumento de que los ex jueces desconocían lo que sucedía, cuestionó que se declararan competentes sólo para archivar las causas, enumeró cómo sistemáticamente eran rechazados los hábeas corpus presentados por familiares sin promover ninguna investigación y entendió que facilitaron y favorecieron el accionar y la impunidad de los grupos de tareas.
Los alegatos continuaban este jueves con Pablo Salinas representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza.
