Mendoza Martes, 28 de agosto de 2018

Peligra la atención médica a discapacitados por falta de pagos

La Fundación Horizontes denunció, que como muchas otras, están al borde del cierre.

Casi un centenar de chicos con discapacidad podrían quedarse sin atención ya que la Fundación que los atiende no tiene recursos económicos para mantenerse, ni ha podido cobrar las deudas que posee.

Fundación Horizontes asiste a casi 100 chicos con diferente tipo de discapacidad y los directores tuvieron que sacar un préstamo para poder pagar los impuestos y servicios y poder seguir atendiendo, pero el futuro no es muy promisorio.

Los directivos de la entidad aseguraron que el ministerio de Salud de la Nación y las obras sociales "se pasan la responsabilidad mutuamente y nadie se hace cargo de sus pagos".

"La situación se replica a lo largo y ancho de todo el país, por lo que los profesionales de la salud de Mendoza se unieron al pedido realizado, por los profesionales de la salud de Buenos Aires, en reclamo por las condiciones salariales actuales en las que desempeñan su labor", contó Susana Balmaceda, directora de la Fundación.

Manifestó que llevan más de medio año esperando pagos y aumento salarial; y advirtieron posibles cierres de instituciones y en consecuencia, que las personas con discapacidad queden sin atención ante la falta de respuestas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, Obras Sociales, entre otros organismos.

Balmaceda explicó que allí son todos profesionales autónomos y monotributistas, especializados para trabajar con personas con discapacidad. Señaló que a las obras sociales les adeudan desde febrero e incluso algunas les deben pagos del 2017, por lo que se les hace imposible subsistir y pasan a depender de un marido, madre o cualquier familiar que tenga sueldo estable.

"Por ejemplo, el mes pasado recibimos "0 pesos", para que la fundación siguiese abierta tuvimos que sacar un préstamo porque no teníamos de donde sacar 65 mil pesos para pagar", expresó.

Aseguró que de continuar está situación no llegarán a fin de año y deberán cerrar sus puertas. Mientras tanto, han tenido que empezar a dar de baja a algunos pacientes que indicaron son los más vulnerables y necesitados de asistencia, pero los que peores obras sociales tienen.

"Estamos entre la ética profesional y lo económico. Amamos nuestro trabajo, pero hay familias e hijos que mantener, y no llegamos a fin de mes ni por asomo", dijo Carolina Ranaldi, una de las psicólogas del lugar.

"Discapacidad Provincial, que es del Estado, no pagó en todo el año. Eso representa más de 100 mil pesos, que capaz para otros lugares no es significativo, pero para nosotros es un montón", añadió.

Los trabajadores autónomos, cobran según lo establece un nomenclador nacional. En 2016, el aumento fue escalonado de acuerdo a la inflación. En 2017, recién recibieron un incremento del 5%, reteroactivo a octubre cuando la inflación anual llegó al 25%. Con 20 puntos por debajo, el ministerio de Salud de Nación resolvió por decreto que el aumento es de 0 pesos, cita el documento presentado en la Legislatura, y el gobierno provincial y nacional.

Sumado a esto, indicaron que está la burocracia de las obras sociales que les han hecho presentar los papeles hasta 15 veces argumentando "cambios de tinta", "modificaciones de las planillas que les dan", "que el informe y el presupuesto van separado", o que "va determinada palabra y no otra".

La directora de la fundación contó que facturan su trabajo, por lo que AFIP les cobra y los recategoriza. Sin embargo, tienen que pagar por el servicio prestado que aún no cobraron.

"Entre gastos, insumos, la Caja de la Salud, Ingresos Brutos, Seguro de mala praxis, pago por cada área (Por ejemplo, el Colegio de Psicólogos), se nos va por persona, entre 8 mil y 10 mil. Y si no cobramos, con qué pagamos, y es peor, ¿Con qué plata comemos?", aseveró Natalia Soto, Profesora Terapeuta de grado universitario en discapacitados mentales y motores.

Matias Giorostordoy y el paciente Valentin Linardelli. / Foto Nicolás Bordón
Matias Giorostordoy y el paciente Valentin Linardelli. / Foto Nicolás Bordón

Los reclamos comenzaron a fines de abril, principio de mayo y recurrieron a diputados provinciales, el ministerio de Salud de provincia y de Nación, además, de la Superintendencia.

La unión hace la fuerza

Los Profesionales de la Salud de la Provincia de Mendoza, se vienen organizando hace meses y de a poco fueron conformando un grupo, que hoy por hoy son casi 200. Se han unido tanto trabajadores autónomos como de instituciones, ya que la falta de pagos es factor común a todos.

Por este motivo, el próximo jueves 30 de agosto a las 10 en el Parque Central se reunirán para defender la continuidad de la prestación de servicios a las personas con discapacidad.

La manifestación se realizará en el marco del Paro Nacional de Transportistas de Personas con Discapacidad.

En un comunicado, señalaron, que el objetivo es denunciar al Estado por la situación de abandono en la que se encuentran los sectores más vulnerables de la sociedad.

En definitiva, todos los profesionales de la Salud de Mendoza piden:

* El pago de lo adeudado, tanto del 2017, como de este año; y un retroactivo a octubre del 15% para equiparar los sueldos que están por debajo de la inflación.

* Un aumento del nomenclador de entre un 30 y un 35% .

* Regularización de los pagos en tiempo y forma, dentro de un periodo no mayor a 60 días, luego de presentada la factura correspondiente a la prestación.

* Agilización de las autorizaciones para tratamientos de rehabilitación, es decir, la unificación en la diagramación de planillas y solicitación de documentación para autorizar la prestación del tratamiento a fin de evitar demoras.