La provincia de Mendoza asiste a un peligroso papelón institucional y jurídico.
Es a raíz de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido un esclarecedor fallo plenario (votaron todos los integrantes) que califica de arbitraria y contradictoria una decisión anterior de la Corte mendocina (representada en esa ocasión por tres conjueces).
Esto termina dándoles un espaldarazo a los reclamos judiciales del destituido ex fiscal de Estado de la provincia Joaquín de Rosas.
La decisión de la Corte nacional no sólo deja al descubierto el mal desempeño de los conjueces mendocino sino que permite afirmar que detrás de la destitución del citado fiscal de Estado hubo una oscura trama de intereses políticos y privados.
Intereses que buscaron no sólo la caída de De Rosas sino afectar a Dalvian SA y en particular a Alfredo Luis Vila y a Daniel Vila.
Los inicios
Todo comenzó cuando la Provincia de Mendoza expropió terrenos que pertenecían a varios propietarios, entre ellos la familia Vila, con el fin de destinarlos a la Reserva de Divisadero Largo.
Fue entonces que el fiscal de Estado De Rosas fue acusado de haber favorecido a Dalvian, algo que nunca fue probado pero que sirvió para que sectores políticos en connivencia con medios de comunicación competidores de Grupo América iniciaran un Jury para destituir a De Rosas.
El fallo de la Corte nacional que se conoció esta semana demuestra los riesgos que conlleva que haya jueces que actúen junto con empresas como Los Andes o mdz de los Terranova, que con tal de atacar a los accionistas del Grupo América fueron capaces de influir de tal modo que se le terminó impidiendo el legítimo derecho de defensa y del debido proceso a un funcionario público, como le ocurrió al ex fiscal De Rosas.
La ciudadanía tiene el derecho a conocer los costos innecesarios que estos contubernios le han provocado a la administración de justicia.
De Rosas le había reclamado sin éxito a la Corte de Mendoza que revisara la inconstitucionalidad del fallo del Jury de Enjuiciamiento que lo destituyó en abril de 2014 por cuanto nunca se habían expedido sobre sus defensas planteadas.
Ante el rechazo arbitrario de este recurso, intervino el máximo tribunal de la Nación, que le bajó el pulgar a la Corte local, aplastando una sentencia de los conjueces mendocinos contra De Rosas, dejándola sin efecto y ordenando que se realizara un nuevo fallo.
El actual fallo
Lo concreto es que el actual fallo de la Corte nacional ordena a la Corte mendocina volver a fallar asegurando el debido proceso y el derecho de defensa del fiscal de Estado, ya que en la sentencia no se habían tratado ni considerado las defensas presentadas por el ex fiscal.
Además la Corte ordena dar respuestas fundadas a los planteos constitucionales introducidos por De Rosas.
En trámite
Entre los fundamentos del recurso actualmente en trámite se señalan errores de procedimiento durante el Jury y el rechazo arbitrario de la prueba ofrecida por De Rosas.
Además se aclara en esos fundamentos que no se acreditó perjuicio patrimonial para la Provincia de Mendoza como consecuencia del accionar del entonces fiscal de Estado.
En la mira
El palazo más fuerte que llegó de Buenos Aires no fue para los miembros titulares de la Corte provincial sino para un tribunal de tres jueces remplazantes o conjueces, que debieron intervenir porque los supremos mendocinos no podían hacerlo debido a que ya habían fallado por la destitución de De Rosas en el Jury de Enjuiciamiento.
El cuestionado tribunal remplazante, que hizo las veces de Corte mendocina fue integrado por tres jueces camaristas del fuero civil: Alejandra Orbelli, Beatriz Moreau y Oscar Martínez Ferreyra.
