La situación de la Comuna de Santa Rosa no da para más: un municipio cerrado, empleados y contratados municipales que no cobran su salario hace tres y cinco meses -respectivamente- y una lluvia de cartas documento del Banco Nación por más de 300 cheques librados sin fondo, cuyo valor superaría los $15 millones.
No obstante, en medio de este caos, Mendoza enviará un salvataje al departamento comandado por el peronista Sergio Salgado, un salvavidas financiero de $8 millones.
Se trata de un adelanto de coparticipación municipal, que se utilizará únicamente para pagar salarios, y será depositado directamente en las cuentas de los estatales tanto efectivos como contratados.
A cambio, el intendente presentó ayer por la tarde un plan de financiamiento de su departamento, con la consigna que le pidió Cornejo: austeridad. Es que el departamento no es financieramente viable, ya que sus ingresos son menores que la pauta salarial mensual. Esto sin contar los demás gastos que tiene la Comuna.
Por lo tanto, Salgado se comprometió a ordenar las cuentas y reducir cargos políticos y gastos superfluos como alquileres.
El anuncio lo realizó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, junto otros funcionarios de Cornejo, quien anoche se encontraba en Malargüe.
En vilo
Hasta la tarde de este viernes, la comuna santarosina estuvo en vilo. Los concejales redactaron una ordenanza y la acercaron por la mañana al municipio para que Salgado abriera las puertas del edificio municipal, pero no lo lograron. Nadie recibió la orden. Entonces, se trasladaron a la Fiscalía de Estado, para presentar una nota que constatara la situación.
"El mismo fiscal de Estado, Fernando Simón, nos había aconsejado que si no lográbamos que Salgado acatara la ordenanza, nos dirigiéramos a él. Pero después no obtuvimos respuesta", aseguró la concejala Débora Quiroga (CM), quien con un grupo de ediles fue hasta la Casa de Gobierno a presentar la nota.
Desde Fiscalía de Estado explicaron que no es incumbencia de Simón realizar ningún procedimiento porque la situación no se encuadra en el artículo 207 de la Constitución mendocina, puesto que no hay acefalía en la comuna. Igualmente el fiscal enviará una inspección la semana próxima para constatar si ha habido daños y perjuicios en cuanto a los bienes del Estado.
Lo que sí ha hecho Simón es enviar a la Justicia Penal tres denuncias contra el intendente: por la liberación de 300 cheques sin fondo, por un convenio entre el Municipio y el Iscamen que parece tener irregularidades, y por una acusación de no contestar los pedidos de informes enviados por Fiscalía de Estado en un lapso de dos años.
Luego de saber que los empleados cobrarían, la situación se descomprimió, pero la situación de Salgado es muy compleja. En pocos días, se decidirá si la comisión investigadora municipal realiza un dictamen recomendando su suspensión. Si así fuera, el Concejo Deliberante puede decidir apartarlo de la función pública hasta que la Justicia decida qué sucederá con él.
