Mendoza Martes, 6 de junio de 2017

Evalúan abrir juzgados express en Mendoza para violencia de género

El procurador, Alejandro Gullé, dijo que se lo propondrá al gobernador para que se dicten sentencia en 48 horas.

Urgido por la gran cantidad de denuncias penales por violencia de género, que llueven en los tribunales a un ritmo de 15 por día, y por una huelga de hambre de más de 300 presos, detenidos por lesiones, amenazas y otros delitos contra la mujer, que ya lleva seis días, el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, anunció este lunes que le pedirá al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo abrir juzgados express para resolver en 48 horas este tipo de casos, que por estos días, para los que quedan detenidos y van juicio, demoran varios meses.

El procurador general de la Corte se trajo la idea de un encuentro nacional sobre violencia de género, en el que se enteró de que de La Pampa resuelve estos casos con sentencia incluida en apenas dos días.

"La Pampa tiene juzgados de Flagrancia en violencia de género y resuelven en 48 horas con sentencia. Acá se podría hacer. Voy hablarlo con el gobernador para ver la posibilidad de crear este tipo de juzgados".

Con la novedad, el procurador buscó quitarle presión a la primera crisis grave que padece la política criminal contra la violencia de género, que está estallando en la pata carcelaria del sistema.

Gullé salió a defenderse, negando que él esté bajando órdenes a los fiscales de que todo individuo denunciado por agredir a su mujer vaya preso, recalcando que muchos de los detenidos en huelga de hambre "es gente que tiene más de un delito y está en la cárcel por otras causas" y destacando que su gestión resuelve las detenciones a partir de "un protocolo con estándares internacionales".

"Puse en funciones el EPI (Equipo de Profesionales Interdisciplinarios) que hace una evaluación de riesgo en cada caso y si concluye que el riesgo es grave para la vida de la víctima, es probable que el fiscal disponga la detención del denunciado".

Ese informe se hace con la víctima y si se puede, también con el agresor, y es el verdadero filtro que utiliza la Unidad Fiscal de Violencia de Género para mandar a la cárcel o a la casa a los acusados.

El riesgo que certifica el EPI se divide en alto, medio y bajo, y los que dan alto son los que terminan presos.

En total, hay 320 personas tras las rejas por violencia de género en el servicio penitenciario, la gran mayoría por lesiones o amenazas, delitos cuando que no media una situación de violencia de género, permite la libertad de los acusados, pero que en estos casos terminaron en la cárcel. Estos se quejan de que sus causas no tiene resolución, que están presos injustamente.

Pero el procurador defendió el actual criterio de detención de sus fiscales de Género.

El Gullé sentenció: "No quiero más femicidios. Mendoza tiene una alta tasa, está tercera en el país y a mí me pareció necesario tomar algún tipo de medidas. Es imposible hacer futurología, pero con el EPI estamos trabajando con pautas internacionales".

Además, admitió que hay un gran cuello de botella producto de la gran cantidad de denuncias en 2017, pero advirtió: "Puede haber hacinamiento, pero ese no es un problema mío, sino del Poder Ejecutivo. Los fiscales no pueden dejar de detener por el hacinamiento. Tenemos que actuar y resolver el caso lo antes posible".

El caso de Ayelén y el Jury a Sidotti cambiaron la tendencia

Aseguran en tribunales que la gran cantidad de detenidos por violencia de género fue producto de una profunda tormenta político-judicial: el efecto Ayelén Arroyo.

Se trata del caso de la joven mamá de 19 años, de Ugarteche, que en setiembre pasado denunció a su padre por un antiguo intento de violación y días después, el progenitor, que no tenía antecedentes y le habían impuesto una prohibición de acercamiento, fue a la casa de su hija y la degolló.

El caso disparó las alarmas y puso en la parrilla del Jury de destitución, por iniciativa del Gobierno provincial, al fiscal Fabrizio Sidotti, a quien le cuestionaron no haber dejado preso al padre de Ayelén y así se hubiera evitado el asesinato.

Sidotti fue suspendido y finalmente, preservó su cargo a cambio de una sanción intermedia.

Pero en el Palacio de Justicia, en las fiscalías, en la mismísima cárcel y entre los abogados penalistas, no dudan en afirmar que el caso Ayelén fue aleccionador para los fiscales y disparó la andanada de detenciones que vino después.

"Ningún fiscal se va arriesgar a liberar para terminar en un Jury. Después de Sidotti todo cambió", señaló un experimentado operador del sistema judicial.

El efecto Ayelén llegó a sacudir a la flamante gestión de Alejandro Gullé, que recién asumido, comenzó rápidamente a montar la Fiscalía de Género, abierta este año, y endureció los criterios de detención.

Esta dinámica de los acontecimientos derivó en la huelga de hambre de esta semana, una crisis compleja de pilotear, porque los pabellones 5 y 9 sur de Boulogne Sur Mer son un caldero de internos decididos a mantener su protesta por una solución judicial a sus casos: "Son 320 y casi todos están sin comer desde el jueves bastante malhumorados", señalaron a Diario UNO fuentes penitenciarias.

En algunos casos, llevan hasta un año presos sin sentencia, pero en la mayoría, llegaron al penal hace algunos de meses. No son los internos habituales del sistema. Al contrario, es gente que nunca pisó una cárcel y está desesperada por recuperar la libertad, que tarde o temprano obtendrá porque la mayoría están por amenazas o lesiones.

1714 denuncias por delitos con violencia de género ingresaron a la fiscalía del Gran Mendoza entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año.

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