Mendoza Lunes, 8 de octubre de 2018

Estudiantes de Derecho se oponen al proyecto que regula las matrículas

Los futuros profesionales de abogacía, de las facultades públicas y privadas, no quieren que se sancione la ley que les exige rendir un examen antes de matricularse.

El 18 de septiembre ingresó al Senado de Mendoza un proyecto de ley que propone que todos los estudiantes que concluyan la carrera de abogacía, en las diferentes facultades de Derecho, rindan un examen antes de que les otorguen su matrícula en el Colegio de Abogados. El proyecto de ley, que si finalmente es aprobado comenzaría a regir desde el 1 de enero del año que viene, lleva la firma del gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Este proyecto, que busca regular la cantidad de profesionales del Derecho que se reciban, es rechazado por los diferentes Centros de Estudiantes que aglutinan a los futuros profesionales.

Alejandro Muñoz, es el representante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, de la asamblea de estudiantes que conforman todas universidades de derecho públicas y privadas, se explayó sobre el polémico proyecto.

"En términos jurídicos el proyecto es inconstitucional; en términos políticos y sociales es tremendamente injusto y en términos de la ciudadanía es muy peligroso para el mendocino, porque es el intento de los que manejan el Colegio de Abogados, para poder duplicar, triplicar o cuadruplicar, los costos de cualquier cosa; morirse y abrir una herencia, tener un accidente de tránsito, una carta documento, resolver un conflicto laboral", comenzó explicando el vocero de la UNCuyo.

Respecto de los motivos por los cuales creen que el proyecto es inconstitucional explicitó: "Está establecido en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al analizar en nuestra constitución en el artículo 75 inciso 18 y 19, que delega al Congreso la facultad de legislar en materia educativa, que la Ley de Educación Superior vigente, que es la que reglamente esos artículos, establece claramente que quienes tienen la potestad de otorgar títulos habilitantes son la universidades".

"Esto no es una interpretación, sino que al momento de sancionarse la Ley de Educación Superior, la discusión pasó que tras habilitar una profesión, esa facultad la iban a tener las universidades de los colegios profesionales", dijo Muñoz.

Y agregó: "La comisión que evaluó el proyecto en un primer momento explica que en un primer lugar consideró la posibilidad de que fueran los colegios quienes habilitaran para ejercer la profesión pero luego de hacer un paneo por las distintas comunidades educativas del país era que, lo mejor, lo más conveniente, lo más eficaz, era que las universidades las que iban a otorgar no sólo reconocimiento académico sino que también habilitación profesional. Esto está expresamente en la ley y en varios fallos de la Corte siempre han sostenido lo mismo; las provincias tienen un poder de policía para regular el ejercicio de las profesiones liberales pero ese poder policía, lo único que no puede hacer en enervar el valor del título expedido por las distintas universidades, esto quiere decir poner en duda que son las universidades quienes son las que habilitan para poder ejercer la profesión".

El Colegio de Abogados de Mendoza apoya el proyecto de ley. De esto también el dirigente estudiantil dejó su postura. "Están defendiendo un interés corporativo que lamentablemente no es el interés corporativo de los y las abogadas de la provincia, sino que es el interés de los diez estudios de abogados más grandes de la provincia que son quienes hoy en día manejan el Colegio de Abogados de la primer circunscripción; basta mirar quien tiene mayoría en la Comisión Directiva para ver que esto es así, están defendiendo sus intereses", sentenció.

Emanuel Fugazzotto, de la Facultad Siglo 21, también dio su opinión al sostener: "Si el problema es la cantidad de abogados, el Colegio de Abogados tiene un tribunal de Ética que está facultado para establecer los límites y parámetros sobre los cuales se debe ejercer, no es responsabilidad de quienes ingresaríamos al sistema sino los que ya están dentro de él. El examen no tiene lógica, lo que tiene lógica es que el Tribunal de Ética cumpla con sus funciones hacia aquellos que están haciendo un mal ejercicio profesional y que sancione a estos abogados. Por otro lado para eso hay una Ley de Educación que es la que faculta en las universidades del país para emitir los títulos".

"Es un claro ejemplo de discriminación hacia aquellos profesionales que nos estamos insertando en un sistema y estamos siendo golpeados por la mala praxis de quienes hoy ejercen", concluyó expresando otro de los dirigentes estudiantiles.

Pedido real

La ex reina Nacional de la Vendimia, Giuliana Lucoski, estudiante de Derecho, también le pidió al gobernador, Alfredo Cornejo, que revea el proyecto de ley. Para eso le solicitó una audiencia para discutir sobre el tema.