"Ponemos en conocimiento al doctor Gullé que tiene el asilo político disponible en San Juan, en el caso de que tenga que salir de Mendoza por haber pedido públicamente a los jueces que trabajen doble turno", anunciaba, socarrón, el fiscal general de esa provincia, Eduardo Quattropani, al abrir uno de los paneles de las XXX Jornadas Nacionales de Ministerios Públicos, que se realizaron en nuestra provincia. La humorada de Quattropani, haciéndose eco de las demoledoras críticas que el procurador Alejandro Gullé hizo esta semana a los jueces de garantías y a la Suprema Corte de Mendoza, desnudó la favorable repercusión que tuvieron sus declaraciones, en las jornadas que reunieron aquí a los procuradores de todo el país, evidenciando que la problemática sobre la prestación horaria de los jueces no es sólo local. HerejíasLa aparición de Alejandro Gullé hace ya un año al frente del Ministerio Público Fiscal fue como un estallido cósmico que trastocó el milenario ritmo del cosmos judicial. Es que el sanguíneo estilo Gullé voló por los aires los atávicos códigos de la Justicia, basados en la prudencia, la invisibilidad, las milimetradas formas y el bajo perfil. Repentinamente mediático (tras 32 años en donde se desempeñó como un sobrio magistrado), llegó a la procuración para hacer uso y abuso de los medios de comunicación (la prensa, agradecida), valiéndose de ellos para informar y también para dar sus batallas internas en los tribunales, sacudiendo las serenas tradiciones de la colmena judicial.
Consciente de sus actos, en un grado de conciencia absoluta, el procurador Gullé ha sido y es capaz de jugar varios roles con una habilidad que no se recuerda de un magistrado en el Poder Judicial. Es un circunspecto "doctor" en la vida tribunalicia pública; un indignado funcionario cuando salta al ring mediático a sopapear a la Justicia o hablar del delito; un hombre de la política cuando se muestra orgulloso al lado del gobernador, y un jefe omnipresente cuando sus subordinados fiscales, a la hora de decidir, lo tienen en cuenta como si fuera el ojo del Gran Hermano. Esa plasticidad le permitió esta semana sentarse junto a los supremos de la Corte a firmar un convenio con la Nación sin emitir una queja ni dejar de estrechar las manos, después de haber disparado munición gruesa contra el máximo tribunal. Munición que empezó a descargar no ahora sino apenas asumió, en setiembre del año pasado, cuando culpó a la Corte por las penosas condiciones en las que trabajaban los fiscales del Ministerio Público. Esta semana la volvió a culpar por no ordenarles a los jueces de harantías que trabajen por la tarde, acusando a estos de demorar las investigaciones contra el delito mientras sus fiscales trabajan todo el día.
Durante el año, los chispazos de Gullé y la Corte por los espacios físicos tribunales nunca se apagaron. A tal punto que hace pocos días, el flamante laboratorio de ADN, recientemente inaugurado, terminó como botín de guerra de la disputa. Ante la indiferencia de los supremos a cederle más lugar -cuentan en tribunales-, el procurador les comunicó que el Ministerio Público les cobraría los estudios de ADN. Sagaces y siempre con una carta para jugar, los supremos no fueron menos y gambetearon a Gullé, haciendo un convenio más barato con el laboratorio de ADN de la UNCuyo.Oficialmente consultados, todos los posibles involucrados negaron algún conflicto: "De ninguna manera", dijeron con soberbia tradición. Conflictos de convivencia del Palacio de Justicia que han existido siempre, con la diferencia de que Gullé estrenó la modalidad de dar batalla a cara descubierta, en todos los ámbitos que haga falta, inclusive el mediático y el político, de ser necesario.
Ese estilo, esa conducta, esa forma de destilar sus planteos y reclamos, ese modo de motorizar sus urgencias para poner en marcha una reforma judicial cuya instrumentación muchos cuestionan son lo que levanta la presión en los tribunales. Y en esta batalla, de un lado y del otro, no se dan cuartel a la hora de hablar en pasillos y despachos. En el entorno del procurador Gullé despotrican sin miramiento contra los jueces que no les simpatizan. Dicen que "son unos vagos", que "cobran una fortuna y no hacen nada", que "deberían venir a trabajar todo el día", que "deben dejar de viajar y hacer cursitos por el mundo". Entre los jueces que no tienen empatía con Gullé (y son más que alguno u otro rotulado como abolicionista) se da una reacción similar.Opinan que "es un títere de Cornejo", que "desde que está Gullé como procurador, el Ministerio Público es una patota que no respeta la ley", que "manda a todo el mundo preso para aplacar el reclamo popular", que "hace lo que hace para tener contento al gobernador".Esto y mucho más resuena a diario en los tribunales no de ahora sino desde siempre. La diferencia es que hoy ha tomado una visibilidad pública que antes se exponía solo dentro de los muros del Palacio.
Profunda reformaEn apenas un año, Alejando Gullé dio vuelta de un modo implacable al Ministerio Público Fiscal y a la política criminal. La idea fue cocinada por una alianza político judicial, conformada por el gobierno de Alfredo Cornejo y por el Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal, al que pertenecen Gullé y el juez de la Corte José Valerio. Allí se enrolan muchos magistrados. Sus rivales internos lo califican con sorna de "el instituto de la derecha judicial", mientras estos los señalan con tono mordaz como "garantistas" o "abolicionistas K". Esa alianza es la que lidera Gullé junto al primer mandatario y que se puso como meta cambiar la política contra el delito desde tribunales. En 12 meses, el procurador cerró de un plumazo la superfiscalía de Delitos Complejos, que supo tener las causas más graves y complicadas; eliminó la estructura por departamentos que había montado durante 13 años su antecesor y amigo, Rodolfo González; puso en marcha junto a Cornejo la denuncia electrónica por internet para hechos menores y creó las unidades fiscales especializadas por delitos, abriendo las fiscalías de Violencia de Género y la de Delitos contra la Integridad Sexual, entre otras. Promovió al subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, a castigar la reiterancia, haciéndose eco de la Constitución provincial para cortar "la puerta giratoria de la Justicia".Ordenó a sus fiscales pedir a los jueces que envíen a la cárcel a los que amenazan de muerte o portan armas ilegalmente. En violencia de género, endureció el criterio de detención aumentando la cantidad de encarcelados. La aparición de Gullé con su polémico estilo y sus reformas a fondo ha dividido las aguas en la Justicia con una repercusión que nadie había calculado cuando fue nominado.