Mendoza Lunes, 27 de agosto de 2018

El gobierno frenó los juicios por accidentes de trabajo

La usina que tiempo atrás supo alimentar la industria de juicios laborales en Mendoza, ubicándola en el 5° puesto nacional, ha reducido a la mitad aquella litigiosa producción.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en el primer semestre de 2017 se iniciaron en Mendoza 4.088 juicios, mientras en los primeros 6 meses de este año la cifra cayó a 2.047, es decir bajó el 50%. Si se compara junio del año pasado con ese mes de este año, la caída es aún mayor y llega al 63%. La causa, aseguran, es la creación de las comisiones médicas, paso obligatorio antes de llegar a un juicio, en donde se han generado el 90% de acuerdos.

En cualquier parte del mundo la relación entre accidentes de trabajo y juicios laborales debería ser proporcional, ya que el último debiera ser consecuencia del primero, o al menos en los peores casos podrían ir paralelas, pero en Mendoza hasta hace poco tiempo esa relación era inversa: mientras los accidentes de trabajo caían, los juicios crecían.

Los índices de la SRT indicaban que por cada 1.000 empleados mendocinos hubo 77 accidentes laborales en el 2010 y la cifra bajó a 52 en el 2015. Y por cada 1.000 empleados, las causas judiciales crecieron de 139 registradas en el 2010 a 203 en el 2015.

Sin embargo, luego de que la Nación modificara en febrero pasado el sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), incorporando la obligatoriedad de que los trabajadores que sufrieran un accidente debieran pasar por comisiones médicas jurisdiccionales, antes de iniciar un reclamo judicial de una indemnización, esa ecuación cambió.

"En mayo pasado nosotros logramos crear subdelegaciones de comisiones médicas en todas las circunscripciones judiciales de Mendoza -esto es en el Valle de Uco, el Sur y la zona Este-. Eso hizo que los trabajadores que tuviesen algún accidente de trabajo pudieran tener una de estas comisiones cerca de su casa para poder acudir. En esa instancia previa se da una conciliación, porque la comisión da un porcentaje de incapacidad y sobre esa base se llega a un acuerdo entre el abogado del trabajador y la ART. Si la persona accidentada no está de acuerdo va a una instancia judicial, pero evidentemente estas comisiones son una herramienta justa, porque se está llegando al 90% de acuerdos", resaltó a Diario UNO Gustavo Cairo, titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

De acuerdo con los datos que maneja la SRT, esa negociación suele durar menos de un mes y si se llega a un acuerdo, en 5 días el trabajador debiera tener depositado en su cuenta sueldo el monto total de la indemnización. En tiempos en que proliferaban los litigios, esa resolución judicial solía tardar entre 3 y 4 años.

Impacto en la baja de alícuota

El nivel de accidentología laboral y su correlato en juicios laborales repercute siempre en la alícuota que los empleadores deben pagar a las ART por cada trabajador que tengan a cargo. Ahora esta caída en la cantidad de litigios, indican, ha bajado en forma paralela.

"La baja de la alícuota que pagan las empresas y las pymes a las ART, ha caído también en niveles cercanos al 50%. Este era un efecto que buscábamos, porque siempre hubo y hay quejas sobre lo costoso que es tomar trabajadores en blanco, porque buena parte de lo que se paga no se lo lleva el trabajador, sino que se lo lleva el circuito que rodea el trabajo en blanco, entre ellos la alícuota de la ART. Eso es lo que buscamos que baje, para alentar el empleo registrado", aseguró Cairo.

El dilema de los peritos

Para que los cambios en el sistema de ART impacten aún más en la industria del juicio laboral, resta aún adecuar en la provincia el trabajo de los peritos judiciales.

"Está previsto en la ley, pero aún no se acaba de implementar en Mendoza, la regulación del trabajo de los peritos. Pasa que sólo en Mendoza los peritos judiciales siguen cobrando un porcentaje del monto de la sentencia en los juicios laborales. La ley dice que hay que implementar un cuerpo de peritos oficiales que sean los que objetivamente determinen cuánto le corresponde a un trabajador en el caso de un juicio, buscando desalentar esto que pasa acá, porque obviamente si cobra una parte del monto de la sentencia, le va a interesar justificar un porcentaje alto de incapacidad porque sabe que así se asegura un monto interesante de sentencia", concluyó Cairo.