Creó e instaló el ítem aula para reducir las licencias de , colocó relojes biométricos en el ingreso de distintas reparticiones y con la mira puesta en controlar el ausentismo y sancionar las faltas injustificadas ahora el gobierno de encabezado por pretende modificar el Estatuto del Empleado Público, reformando el régimen disciplinario.
Para eso ingresó en la Legislatura el proyecto que crea una Oficina General de Sumarios, que, aseguran, centralizará, transparentará y agilizará el sistema. Un referente gremial remarcó que este tipo de cambios deben darse en paritarias.
"El decreto ley que contiene el régimen disciplinario de los estatales es del año 1973 y hay que compatibilizarlo con la situación actual. Además hasta ahora los que instruían los sumarios eran abogados de Legales de cada ministerio o secretaría, que tenían una manera diferente de hacerlo y por una cuestión de dedicación en muchos casos esos letrados debían resolver otros tantos temas y muchos sumarios tardaban años y no avanzaban nunca; hoy en promedio duran 5 años pero tuvimos uno que tardó 11 años. También jugaba una cuestión de afecto, de quien debía hacer el sumario y quien era el sumariado, que era su compañero de trabajo", explicó el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, y aclaró que el proyecto busca que en esta oficina en donde se centralizarán las faltas de los empleados públicos trabajen abogados de planta dedicados exclusivamente a estos sumarios.
El proyecto, que ingresó el viernes pasado en la Casa de las Leyes y que será aplicable al personal de planta permanente, a excepción de docentes y empleados de la salud (que tienen un procedimiento sumarial establecidos en sus convenios colectivos de trabajo), define cuáles son las sanciones, cuáles los plazos para aplicarlas y quién podrá aplicarlas.
Señala que los apercibimientos y suspensiones de hasta 5 días podrán ser aplicados por el jefe superior inmediato del sumariado, las que superen ese lapso hasta los 30 días deberán ser otorgadas por el ministro o secretario y que las sanciones más graves, como son la cesantía y exoneración, serán potestad del gobernador. En el caso de los entes descentralizados o autárquicos, será la autoridad superior quien asigne las sanciones.
Una de las particularidades de la iniciativa es que contempla la posibilidad de "rehabilitación" del empleado que incurrió en una falta: "en el caso de las cesantías la rehabilitación será de 5 años y para la exoneración de 10 años".
La futura oficina, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, recibirá las actuaciones y antecedentes que remita la dependencia que solicitó la instrucción del sumario y cuando lo concluya lo enviará a la Junta de Disciplina de la jurisdicción aconsejando la sanción a aplicar.
"Creo que cabe resaltar que esta ley es en defensa de los empleados, porque la gran mayoría cumple y trabaja, por eso hay que sancionar al que no cumple y busca la trampa al sistema", recalcó Nieri.
"Estos cambios se discuten en las paritarias"
De aprobarse el proyecto de la creación de la Oficina General de Sumarios, lo que se modifica es el régimen de disciplina de los empleados públicos, hoy nucleados en los gremios de ATE, Sitea y UPCN."No conocemos los detalles de este proyecto porque nunca se nos participó, pero estas reformas se deben plantear en las paritarias, no llegar directo a la Legislatura. Agilizar el sistema no está mal, pero nada nos garantiza que en este nuevo formato el empleado tenga derecho a la defensa. El ámbito natural para discutirlo es la paritaria y si no se cumple presentaremos un amparo", adelantó Federico Lorite, secretario general de Sitea.