Pasó la feria judicial de enero y el lunes pasado la jueza Mirna Montaldi citó a las partes para notificar su resolución: hacer lugar al requerimiento de elevación a juicio que realizó la Fiscalía.
De todas formas, se trata de un fallo que puede volver a ser discutido en una segunda instancia si es que la defensa de Carlos López Puelles presenta una apelación. Caso contrario, el sospechoso enfrentará por segunda vez -ver más abajo- un debate oral en su contra donde puede recibir una condena de entre 2 y 4 años de cárcel por amenazas coactivas.
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La acusación sostiene que a mediados de 2017 el ex mandatario atravesaba un proceso de divorcio con la mujer. La relación era tensa, a tal punto que Carlos López Puelles comenzó a obligar a su ex pareja a que aceptara quedarse solamente con una casa ubicada en el Club de Campo en Guaymallén donde vivía. El resto de los bienes conyugales quedarían en su poder.
"Quiero terminar con esto. Quiero vivir tranquilo. Es sí o no. Si no te comés una denuncia federal y te juro por Dios que te lo voy a hacer, te voy a hacer bosta. No sabés hasta dónde voy a llegar", fue uno de los mensajes que envió el ex jefe comunal. En otro pasaje de la conversación le dijo: "Es lo mío o nada. Te voy a hacer cagar a vos. Tu apellido va a salir como una tránsfuga en los diarios".
La fiscal consideró que amenazó a la mujer con un escrache mediático, con sacarle su puesto de trabajo en el Estado y con suspenderle la matrícula.
Condena anterior para Carlos López Puelles
El 7 de junio de 2017, Carlos López Puelles estaba discutiendo telefónicamente con su ex pareja. La mujer estaba siendo asistida legalmente por Carolina Jacky, una reconocida abogada transexual que ha intervenido en numerosas causas de violencia de género y en luchas del colectivo LGBT.
La ex pareja de López Puelles estaba grabando la conversación y en el audio quedó registrado cuando el ex funcionario dijo que a Carolina Jacky la iba a "buscar y cagar a trompadas" pero se iba a poner "pollerita para que no sea violencia de género".
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Se inició una investigación penal donde fue imputado por el delito de amenazas simples y en octubre del año pasado fue condenado a 7 meses de prisión en suspenso.
Meses después de ese fallo, fue imputado por enriquecimiento ilícito ya que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos consideró que no puede justificar la titularidad de un grupo de empresas y la tenencia de cheques y de una fuerte suma de dinero en efectivo.