Tras un largo debate judicial, la Justicia condenó a 10 años de prisión a seis expenitenciarios por filmar las torturas que le produjeron a un preso en el complejo San Felipe a mediados de 2010.
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Así dictó sentencia el Tribunal en las primeras horas de la tarde de este miércoles contra los exagentes Germán Núñez Aciar, José Arredondo, Luís D'ambrosio, Daniel Perón, Edgardo Quero Rey y Jonathan Bizaguirre.
Fuentes judiciales informaron que los condenados continuarán libres hasta que quede firme la sentencia en su contra -pueden recurrir ante la Suprema Corte de Justicia-.
Además de la pena, los jueces Belén Salido, Gabriela Urciuolo y Agustín Chacón realizaron una serie de recomendaciones como brindar tratamiento psicológico a la víctima y la aplicación de cursos en personal penitenciario para evitar otros casos de violación a los Derechos Humanos.
Justamente hace un mes, en la etapa de alegatos, el fiscal Sebastián Capizzi había solicitado una condena a 10 años de prisión para los acusados. Al mismo pedido había adherido el abogado Fernando Peñaloza, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Los abogados querellantes pertenecientes a la organización Xumek quienes reclamaron en este entonces una pena de 14 años de cárcel. Gracias a esta organización nació la investigación luego de que les llegara el teléfono celular que contenía los videos.
"Desde Xumek, entendemos que esta condena resulta un mensaje fundamental hacia las fuerzas de seguridad y penitenciarias contra la impunidad de estos aberrantes delitos, sancionando debidamente estos graves hechos", manifestaron tras conocerse el veredicto.
En tanto que durante los alegatos los abogados defensores habían solicitado la exclusión del video como prueba -algo que fue rechazado por el Tribunal- y que, en todo caso, no está claro si es quien declaró en el juicio el que figura en las imágenes.
En paralelo, reclamaron el cambió de calificación a vejaciones y la condena mínima por este delito -de 1 a 5 años de cárcel-, la cual ya se encontraría cumplida por el tiempo que estuvieron en prisión preventiva.
Los imputados por torturas -la escala penal va de 8 a 25 años de cárcel- quedaron complicados no sólo por el video que se viralizó en 2011 donde se muestra que golpean y patean a un recluso que estaba esposado, sino también por la declaración de la propia víctima -ya está en libertad tras cumplir su condena- quien ratificó las agresiones.