El fiscal jefe de la Unidad Investigativa de Delitos Contra la Integridad Sexual pidió extender la prisión preventiva de la monja Kumiko Kosaka para asegurar que finalmente sea juzgada durante el segundo megajuicio del caso Próvolo.

El planteo del magistrado Alejandro Iturbide va en sintonía con la postergación del debate que debió comenzar el lunes último y con el vencimiento del plazo de la prisión preventiva de la imputada; plazo fijado por ley que puede prorrogarse siempre y cuando haya motivos y argumentos sólidos.

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También resulta saludable para las víctimas del Próvolo, sus familiares y abogados, que en las últimas horas manifestaron profunda preocupación por la suspensión del juicio oral y a puertas cerradas y el posible beneficio para las nueve acusadas.

Ahora tiene la palabra el juez penal Horacio Cadile, quien en breve decidirá si prorroga la prisión preventiva de la monja y asegura que sea juzgada o si considera lo contrario.

Se descuenta que Cadile, quien conoce el expediente de punta a punta, aceptará el planteo de Iturbide para garantizar que Kosaka sea sometida a un juicio justo y pleno de garantías.

Este magistrado tuvo a su cargo la etapa previa del debate, lo que técnicamente se denomina audiencia preliminar. Este proceso es indispensable y permitió dejar en firme el cúmulo de pruebas que serán analizadas durante el juicio, que comenzaría en mayo.

Kumiko Kosaka es una de las 9 imputadas por abusos sexuales a chicos sordomudos en el caso Próvolo II.

Está detenida desde 2017 después de que se entregara a la Justicia.

Hoy está detenida bajo la modalidad domiciliaria y desde siempre ha mantenido una conducta procesal irreprochable.

Junto con ella serán juzgadas: la religiosa Asunción Martínez y Graciela Pascual, quien se desempeñó como apoderada legal del Instituto Antonio Próvolo de Luján, que dejó de dar clases y cuyas instalaciones se convirtieron en la Municipalidad de Luján.