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Caso Próvolo II: temen que la demora del juicio beneficie a la monja Kumiko

Así lo planteó Ariel Lizarraga, padre de una de las denunciantes de la causa Próvolo II. Es porque en poco tiempo más se termina la prisión preventiva que cumple Kosaka Kumiko.

"Como padre de una de las víctimas, mi deber es hacer visible lo que está sucediendo con el segundo juicio por los abusos en el Próvolo". El que habla es Ariel Lizarraga, padre de Daiana, una de las 24 personas querellantes en la causa Próvolo II, por las vejaciones y abusos sufridos en el ex instituto de Luján de Cuyo. Una institución que tras la fachada de modelo de educación religiosa y oportunidades para chicas y chicos sordos, ocultaba una trama infernal que involucra a sacerdotes, monjas y trabajadores del instituto.

En la causa Próvolo II, las imputadas son las monjas Kosaka Kumiko-única con prisión preventiva- Asunción Martínez y 7 mujeres más entre las que se encuentran ex directivas y ex docentes, una psicóloga y hasta una cocinera, pero hace un año y medio que solo encuentra trabas en su camino y no puede comenzar.

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El miedo de Ariel, como el de otros padres y madres de las víctimas que denunciaron los abusos, es que en poco tiempo más concluye la prisión preventiva de la monja Kumiko. El hombre teme que esta ralentización de la causa sea una estrategia de quienes defienden a la monja. Pero, en definitiva, nada se sabe concretamente sobre el comienzo del juicio. Todas son especulaciones, pero la realidad supera cualquier argumento: el juicio lleva casi un año y medio de demora.

Este viernes se realizó una marcha para reclamar por la situación y si bien la convocatoria no fue masiva, servirá para poner en agenda el tema, y que el reclamo llegue a la justicia.

Motivos de la lentitud judicial

Las audiencias preliminares del segundo megajuicio por la causa Próvolo II, se realizaron en febrero de 2020. Luego, el comienzo de la pandemia y la paralización de la justicia, hicieron lo suyo. Durante este lapso, los abogados defensores de Kumiko y de Asunción Martínez, intentaron recusar a Horacio Cadile, uno de los integrantes del Tribunal, que fue quien llevó adelante la previa del juicio.

El argumento fue que en el momento de realizarse las audiencias preliminares, Cadile no era juez, sino conjuez, argumento con el que se intentó apartarlo de la causa. Sin embargo, el Ejecutivo envió el pliego para convertir a Cadile en juez a la Cámara de Senadores de la Legislatura de la provincia. El 2 de marzo, el pliego fue aprobado y Cadile se convirtió en juez.

Resuelto este problema, las víctimas solo esperan que la justicia determine el día y la hora en que las monjas Kumiko y Martínez, la ex apoderada legal Graciela Pascual, las ex directivas y docentes Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, y Cristina Leguiza; la cocinera Noemí Paz; y la psicóloga Cecilia Raffo, se sienten en el banquillo de los acusados y se dicte una sentencia que repare, en parte, el daño sufrido durante tantos años de horror.