La última palabra legal no está dicha. Pero al día de hoy, la causa con un cura acusado de abuso sexual a una menor de edad en Palmira está prescripta debido a que han pasado más de dos décadas. Así lo declaró un juez en los últimos días.

El juez Eduardo Orozco hizo lugar al planteo de la defensa del cura Alberto Daniel Sardá (57) y falló que la denuncia en su contra no puede ser investigada. Es que han pasado aproximadamente 23 años desde que habrían ocurrido los hechos y ese plazo supera el límite de la pena máxima que podría recibir el párroco por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado -20 años-, por lo que la causa está prescripta.

De todas formas, la última palabra no está dicha ya que los representantes de la víctima adelantaron que insistirán ante la Suprema Corte de Justicia. La abogada Carolina Jacky –trabajar junto a Carlos Lombardi- explicó que “queremos que el hecho se investigue igual para darle razón a la denunciante, más allá de que luego no haya condena de cárcel” contra el cura acusado de abuso sexual.

Este provincial

Hace 23 años, Alberto Daniel Sardá predicaba en una parroquia ubicada en Palmira. Una joven, que por ese entonces tenía 16 años, relató que se encontraba realizando la instrucción para tomar la confirmación. Un día, el sacerdote la llevó hasta un departamento ubicado anexo al templo, le dio de tomar una bebida que la dejó somnolienta y la abusó sexualmente.

Cuando se despertó, notó que le dolía el cuerpo y sus partes íntimas. Horas después le relató lo ocurrido a su madre y ella le dijo que “tenía el diablo dentro del cuerpo”, según denunció. La progenitora la llevó a la parroquia de Palmira y la hizo confesarse ante Alberto Daniel Sardá.

Dos décadas después, la denunciante ya trabajando como docente en el Gran Mendoza y realizando tratamiento psicológico, se cruzó con su presunto agresor sexual. El cura acusado de abuso se desempeña como capellán en la cárcel de mujeres ubicada en El Borbollón.

En esa instancia, ya habiendo pasado más de 20 años, la joven avanzó judicialmente. Primero con una demanda civil donde se dictó una prohibición de acercamiento de Sardá hacia ella. Segundo, con una denuncia penal que, hasta hoy, está prescripta.

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