A más de un año de estar tras las rejas, pidió recuperar la libertad un matrimonio que está acusado de mostrarle a sus hijos películas pornográficas y cómo ellos mismos tenían relaciones sexuales. La investigación que se destapó en Lavalle tendrá una audiencia importante el próximo lunes.
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A mediados de la semana pasada se realizó una audiencia donde los abogados de los acusados -se reservan sus identidades para no develar la de los menores- interpusieron un control jurisdiccional.
Se trata de un recurso para revisar sus condiciones de detención en el expediente. Los defensores reclaman la libertad basándose en que la hija del matrimonio, de 9 años, declaró en cámara Gesell y no hizo referencia a los hechos que se acusan.
Pero el fiscal de Delitos Sexuales Darío Nora argumentó que los informes psicólogos y de trabajadores sociales son contundentes al referir síntomas de abusos en los menores.
Fuentes judiciales agregaron que existe la sospecha de que los tíos de los menores no quieren tenerlos más a cargo y por ello habrían influenciado el relato de la niña para que se caiga la causa.
Incluso trascendió que se está avanzando en los trámites para dar en adopción a los pequeños.
Lo cierto es que el próximo lunes la jueza Carolina Colucci, quien en junio pasado dictó la prisión preventiva a los sospechosos, resolverá la situación de los imputados.
Aberrante
El expediente se inició en septiembre de 2018 cuando una docente de Lavalle hizo una denuncia tras ver a una madre que golpeaba a su hija de 8 años en la puerta del colegio.
Ella y su hermanito, de 7 años, comenzaron a ser tratados dentro del Programa Provincial de Prevención del Maltrato Infantil y con el paso del tiempo los pequeños explicaron que sus padres los obligaban a ver películas pornográficas. Pero no sólo eso, si no que también observaban cuando el matrimonio tenía relaciones sexuales y hasta les decían que los imitaran.
Se inició un expediente penal a cargo del fiscal de Delitos Sexuales Darío Nora, detuvo e imputó a los sospechosos por corrupción de menores agravada por el vínculo, un delito que prevé de 10 a 15 años.
En la causa declararon fueron una trabajadora social, dos psicólogas y la tía, quienes afirmaron que los pequeños les confesaron los actos a los que eran sometidos.