En los primeros días de enero, un juez provincial decidió terminar gradualmente con el beneficio de que los presos puedan utilizar teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza, el cual regía desde 2020 con el comienzo de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Claro que la decisión generó malestar en el ámbito de los reclusos, incluido el propio Luis Lobos que solicitó ser la excepción a la regla.
Luis Lobos pidió que no le quiten su celular, para seguir estudiando y comunicarse con su hijo
En una audiencia que se realizó a principios de año, el juez Sebastián Sarmiento entendió que debía finalizar el beneficio al que accedieron los presos mendocinos cuando tenían las visitas restringidas -desde que comenzó el confinamiento a mediados de 2020-. En la resolución se estipuló que la quita de los teléfonos registrados a nombres de reos fuera en forma gradual y con un anterior cumplimiento de ciertas condiciones, para no violar sus derechos y garantías.
Quien se adelantó a esa situación fue el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos, quien está detenido en el pabellón 6 del complejo San Felipe cumpliendo condenas firmes por delitos de corrupción -ver más abajo-.
El argumento del exfuncionario es que utiliza su teléfono para sus estudios universitarios, ya que se encuentra cursando el segundo año de Licenciatura en Sociología. A través de su celular es que toma las clases virtuales, rinde exámenes y accede a la información académica, según explicó en un escrito.
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Pero también explicó que uno de sus hijos se encuentra viviendo en Canadá y este artefacto es la única forma que tiene para comunicarse con él.
Quien resolverá la cuestión es el juez Gabriel Bragagnolo. Como primera medida, el magistrado le pidió al Servicio Penitenciario que informe si efectivamente Luis Lobos tiene un celular registrado a su nombre y si ha sido secuestrado por las autoridades.
Corrupción en Guaymallén
Luis Lobos y su ex esposa Claudia Sgró fueron juzgados a mediados de 2019 por el delito de fraude a la administración pública.
La fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi comprobó que la pareja logró meter "ñoquis" en la Municipalidad, es decir, personas que cobraban un sueldo pero no ejercían funciones. Un porcentaje del salario terminaba en manos del entonces intendente.
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Por esa causa es que recibió una sentencia de 4 años y medio de prisión que, una vez que quedó firme ante la Corte nacional, derivó en la detención de los sospechosos. En tanto que en diciembre de 2022 el ex jefe comunal fue condenado a 6 años de prisión efectiva por delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Ambas penas se unificaron en un total de 8 años de cárcel.




