En 2017 fue por las desapariciones forzosas en democracia y todavía impunes de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria y de Cristian Guardati, ocurridas en 1990 y 1992. Ahora, nuevamente, la Justicia Federal de Mendoza se hace cargo, tras la fallida intervención de la Justicia provincial de la época, de la investigación de otro caso de alto impacto, ocurrido hace 26 años: las desapariciones forzosas y crímenes del informante policial José Segundo Zambrano y Pablo Rodríguez, asesinados a balazos y enterrados en el oeste de Godoy Cruz.
Corte Interamericana
Los crímenes impunes de Zambrano y Rodríguez, la nueva y pesada herencia de la Justicia
Como sucedió con los casos Garrido, Baigorria y Guardati, otra vez la Justicia Federal se hace cargo de un hecho gravísimo que la Justicia provincial dejó impune hace 26 años
Los crímenes de José Zambrano y Pablo Rodríguez son reinvestigados tras 26 años.
La responsabilidad de investigar las desapariciones y crímenes de Zambrano y Rodríguez, que recayó en los últimos días sobre la Justicia Federal de Mendoza, tiene el mismo origen que en los casos anteriores: la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino por denegación de justicia e inoperancia deliberada del sistema judicial del 2000, según el organismo internacional.
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Fallos que contemplan, en todos los casos, que el Estado argentino -no la Provincia de Mendoza- les pague a los deudos de Garrido, Baigorria, Guardati, Zambrano y Rodríguez fuertes sumas de dinero a modo de indemnización por haber sido víctimas de personal policial, equipado y entrenado para defender la seguridad ciudadana y no para secuestrar, ocultar pruebas ni matar.
Y una consigna de hierro sobre la cual la Corte Interamericana volverá cada tanto para ver si se cumple: "Descubrir la verdad de lo ocurrido con las víctimas".
Garrido y Baigorria, primera pesada herencia judicial
Las desapariciones de Garrido y Baigorria ocurrieron en abril de 1990 a plena luz del día en el Parque San Martín, a la atura de la Escuela Hogar Eva Perón. Por entonces, gobernaba Mendoza el peronismo. Concretamente, José Bordón.
La última vez que los vieron vivos -heridos y golpeados duramente- estaban en calabozos de la Dirección de Investigaciones, en el Palacio Policial, donde había funcionado el D2, en el barrio Cívico.
Las investigación de la Justicia Federal por las desapariciones forzosas de Garrido y Baigorria ha sido clausurada y elevada a juicio oral y público en fecha a determinar. Habrá 16 ex policías en el banquillo de los acusados.
Caso Cristian Guardati, segunda pesada herencia judicial
Dos años después, en mayo de 1992, durante la gobernación de otro peronista -Rodolfo Gabrielli- desapareció Cristian Guardati, en el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz, en inmediaciones de la escuela Atilio Anastasi, a la salida de un baile estudiantil.
La última vez que fue visto con vida lo metían al destacamento policial La Estanzuela. Esposado. Detenido por un hombre vestido de negro. Y armado. Para todos, aunque sin uniforme, un policía de la época. El ingreso del muchacho no figuró en el libro de novedades. La detención fue ilegal.
Por el caso Guardati, hay ex policías de la época bajo fuerte sospecha de haber encubierto la detención ilegal del muchacho de 20 años, de haber ocultado la privación de la libertad de los registros oficiales y de haberlo desaparecido. Sin éxito, el cadáver de Guardati ha sido buscado en el cementerio de Mendoza.
El informante policial y el amigo: desaparición y crímenes
José Zambrano y su amigo Rodríguez fueron vistos con vida por última vez el 25 de marzo de 2000.
El primero dijo a familiares que se dirigía a una reunión por su trabajo de informante policial, condición que fue confirmada por el Gobierno de Mendoza y el Gobierno nacional durante el proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rodríguez era empleado de un comercio y nunca fue mencionado como colaborador policial.
Ya desde el día anterior, a Zambrano, sus familiares lo habían visto alterado, nervioso. Algo lo preocupaba de modo extraordinario. Dicen que tenía problemas con alguien.
El nexo entre la Policía y Zambrano era un muchacho apodado El Pibe, que se contactaba con el informante policial a través de llamados a telefonía fija.
Zambrano y Rodríguez viajaron al oeste de Godoy Cruz en el auto del primero.
La madre del informante policial denunció la desaparición poco después de que ése no volviera a casa. Se le sumó la familia de Pablo Rodríguez.
La pesquisa recayó en el Cuarto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Rafael Escot. Alberto Camargo era el fiscal.
La "mafia policial", el policía preso y liberado
En mayo de 2000, mientras los paraderos de Zambrano y Rodríguez seguían siendo inciertos, Escot detuvo al policía Felipe Gil Fernández -era personal de la comisaría 33 del barrio San Martín- y a otros uniformados. También cayó el civil Marito Díaz. Fue el comienzo del escándalo denominado "Mafia policial", que derivó en la exoneración de varios uniformados y se coló en el caso de los desaparecidos.
Los cadáveres de Zambrano y Rodríguez fueron hallados el 3 de julio, en la zona de Los Barrancos, en Godoy Cruz. El juez Rafael Escot llegó a ese dato gracias a un puestero que lo aportó a cambio de la recompensa en dinero.
Cuatro años después, los jueces de la Séptima Cámara del Crimen -Arnaldo José Kletzl, Pedro Carrizo y Agustín Chacón- absolvieron y liberaron a Felipe Gil Fernández y a Díaz por falta de acusación fiscal. Para la fiscal de Cámara Susana García, la causa estaba "inflada" y carecía de pruebas.
Corte Interamericana: "Que se descubra la verdad"
El caso Zambrano-Rodríguez fue clasificado como desaparición forzada de personas teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y ciertas condiciones que exige esta calificación legal.
1) La privación de la libertad a partir del 25 de marzo de 2000
2) La intervención de policías: Zambrano había sido amenazado por policías, trabajaba para la Policía como informante encubierto y la última vez que se lo vio con vida iba a reunirse con un policía
3) El rechazo de la Justicia de un hábeas corpus presentado por familiares el 1 de junio de 2000
4) El Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por las desapariciones de Zambrano y Rodríguez al aceptar la calificación jurídica de los hechos como desaparición forzada en los términos del Informe de Fondo de la Comisión Interamericana
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