El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, y los ministros Mario Adaro y Omar Palermo acordaron con la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, la destrucción y compactación de los restos de los vehículos secuestrados que se incendiaron en la playa San Agustín el pasado septiembre. La acordada fue publicada en el Boletín Oficial este viernes, dos días después de que un nuevo incendio afectara a otros cinco vehículos.
Ministerio de Seguridad
La ministra Rus acordó con la Corte destruir 28.500 vehículos incendiados en San Agustín
Se trata de autos y motos sujetos a secuestro que quedaron irreconocibles y sin documentación. Por urgencia ambiental y la necesidad de retirarlos se autorizó su compactación como chatarra
Una de las imágenes más tristes y recordadas del mega incendio en la Playa San Agustín, ocurrido en septiembre de 2023.
Si bien los plazos legales señalan que para tal procedimiento deben pasar al menos seis meses, los informes técnicos dieron cuenta, por un lado, del estado de destrucción de los vehículos que se incendiaron en septiembre de 2023; y por otro, de que dicha situación resulta irreversible. Entonces, entienden los jueces, ni siquiera habría fundamentos lógicos para que los Tribunales intervinientes se opusieran al decomiso.
A este acuerdo se llegó después de que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la gestión de Rodolfo Suarez informara que el incendio del 16 de septiembre de 2023 "produjo la destrucción por acción del fuego de la totalidad de los secuestros" que se alojaban en San Agustín. E indicó como "rodados secuestrados en la órbita judiciales" a 6.126 vehículos mayores judiciales y 7.031 vehículos menores judiciales dentro de un total de 28.500 secuestros, entre los cuales existen 66 vehículos de vieja data o en calidad de chatarra que no fueron alcanzados por las llamas.
Acordada Nº 31.425 por los autos incendiados en la playa San Agustín
Los ministros de la Suprema Corte resolvieron que se deben apresurar los mecanismos de destrucción y compactación de los vehículos (automotores y motocicletas) y/o sus restos judiciales decomisados alojados en la Playa de Secuestros de San Agustín.
Por ello, el presidente de la Corte y la ministra Mercedes Rus firmaron un convenio mediante el que se le entregan al Ministerio los vehículos que se encuentran en la playa, de forma que éste proceda según los programas que considere conveniente.
Para llegar a esta decisión se abrió un expediente en el que se recibieron diferentes informes. El de la Supervisora de Oficina de Secuestros de la Suprema Corte de Justicia advirtió que "como consecuencia del siniestro ocurrido el 16/09/2023, el daño que produjo el fuego sobre los rodados fue prácticamente total, reduciéndolos a chatarra, lo que hace imposible su reconocimiento como la identificación de su chapa patente y grabados, entre otros".
Y añadió que "el contenido del galpón donde se guardaban los legajos de los automotores viejos, papeles de la oficina, llaves y baterías de los rodados quedó reducido a cenizas".
También se recibió el reporte del Ministerio de Seguridad y Justicia, que dio cuenta de la cantidad de vehículos secuestrados alcanzados por las llamas y explicó que "los rodados con varios años de depósito y antigüedad en el modelo resultaron con destrucción casi total, y que en los casos en que su destrucción no fue total, la dilación y deformación de los metales hacen que no se puedan identificar en forma correcta y precisa".
"Imposible de identificar" fue la frase que utilizaron desde el Ministerio para referirse a los rodados involucrados en el incendio.
En tanto que otro de los informes relevantes fue el Técnico Ambiental de Contaminación. Este indica que la eliminación del pasivo ambiental (los restos incendiados) "resultaría de gran importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en las inmediaciones de la playa de secuestro".
Así fue como la Suprema Corte entendió que se deben llevar a cabo todos los mecanismos tendientes a evitar el posible daño ambiental y humano que el incendio y sus consecuencias pudieran ocasionar lo antes posible, sin que resulte razonable tener que esperar el cumplimiento del plazo legal de seis meses desde el secuestro para requerir el decomiso.
"La urgencia está dada por la posibilidad de dar comienzo a un nuevo ciclo de retiro, descontaminación, compactación y disposición de automóviles, motocicletas y autopartes en instalaciones de la Playa de Secuestro de San Agustín, conforme ya se ha realizado anteriormente, trabajos que colaborarán en la realización de uno de los objetivos propuestos, la disminución en el peligro de contaminación del suelo y napas subterráneas del lugar, cumpliendo con los requerimientos del Estudio sobre Riesgo Epidemiológico en el Predio de San Agustín", dijo la Corte.