El caso tuvo varios involucrados más como médicos, policías e inspectores municipales. También estuvo bajo la lupa de la investigación al dueño de la propiedad, que le alquilaba el lugar a Solé. Este hombre no llegó a sentarse en el banquillo de acusados durante el juicio ya que se dictó la falta de mérito porque se determinó que nunca había acudido para revisar la casa, por ende, no hubo pruebas para determinar que sabía lo que ocurría en el lugar.
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Los condenados por el prostíbulo Pyme VIP cuando escuchaban la sentencia en los tribunales.
Durante el juicio Solé declaró que de todas formas el locador estaba al tanto de que en esa casa funcionaba un prostíbulo ya que se lo había comentado a sus amigos. Tras esta versión, en la condena se dispuso el decomiso de todas las propiedades, vehículos y dinero que había secuestrado en el expediente.
Además, el propietario fue imputado por el delito de explotación económica por ejercicio de la prostitución ajena. Sin embargo, la investigación en su contra nunca tuvo avances importantes y terminó sobreseído porque prescribió la causa.
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Ante esta situación, el abogado defensor Carlos Benavídez ha solicitado en reiteradas oportunidades que se levante el decomiso de la casa ubicada en el centro ya que, en definitiva, nunca se pudo probar que su cliente haya sido parte de la red de trata.
Por detalles técnicos, aún no obtiene una respuesta de la Justicia Federal aunque en los últimos días se emplazó a presente un recurso ante la Cámara de Casación Federal, donde podría obtener el visto bueno para que el hombre, después de diez años, pueda disponer de la casa ubicada en esa coqueta zona de Mendoza.
El caso Pyme VIP
El 6 de febrero de 2013 una llamante anónima afirmó ante las autoridades que se había escapado de un prostíbulo denominado Pyme VIP, brindando detalles de quiénes gestionaban el lugar y hasta los apodos que le ponían a las víctimas, varias de ellas menores de edad.
Se inició una silenciosa investigación que derivó en cuatro allanamientos que se concretaron tres meses después en la propiedad ubicada sobre calle 25 de Mayo, además de una clínica médica y dos domicilios particulares.
Fueron rescatadas 12 víctimas y se secuestraron elementos importantes para la causa como dinero, folletería publicitando el prostíbulo, exámenes médicos de las víctimas, cajas de preservativos y tarjetas que tenían frases como "¿Sos linda y buscás trabajo? Trabajá en Pyme VIP".
La investigación reconstruyó que los proxenetas atraían a jóvenes a través de anuncios en redes sociales e importantes medios de comunicación, particularmente de Córdoba y Buenos Aires.
Prometían buenos ingresos y la posibilidad de pagar el pasaje a quienes no residían en Mendoza. Luego terminaban siendo explotadas sexualmente a clientes de clase media alta. Muchos de ellos se alojaban en hoteles de lujo ubicados en el centro.
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Sebastián Solé fue el principal apuntado. Era el encargado de regentear a las víctimas y sacaba un importante rédito económico por ello: tenía varios inmuebles y vehículos a nombre de testaferro.
Durante el juicio en su contra declaró que había sido asesorado por el dueño del reconocido boliche porteño Cocodrilo y de Jacobo Winograd, quien tiene dos locales como el suyo que funcionaban "sin problemas". Dos víctimas detallaron que quedaron embarazadas y que les practicaron abortos.
La Justicia terminó condenado a Solé a una pena de 10 años de prisión, además de 5 años para la encargada del lugar -Paola González-, 3 años y medio para quien hacía tareas de mantenimiento -Cristian Prado-, 2 años en suspenso para el médico que interrumpió los embarazos -Osvaldo Pastorino- y para dos policías -Ángel Arias y Nelson Bravo- y un inspector municipal -Raúl Cuquejo- que hicieron la vista gorda.
