Por primera vez en Mendoza

La Justicia federal compensó con dinero a una niña por el horror que le hicieron vivir sus papás

La explotaron sexualmente desde los 6 hasta los 14 años, cuando pudo escapar. De adulta, se animó a hablar y logró la condena para sus padres y la restitución económica estipulada para víctimas de trata

Fue tras una resolución del Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas que se reunió el jueves pasado para decidir la ejecución del pedido de reparación a víctimas. Para ello se utilizaron bienes del Fondo de Remanentes, una herramienta que se creó en 2021 con el objeto de administrar bienes decomisados en causas referidas a delitos de trata y lavado de activos provenientes de ellos para reparar los daños causados a las víctimas.

En este caso, la indemnizada fue K.E.K. (su nueva identidad), una mujer que fue explotada sexualmente por su mamá y su padrastro desde los 6 hasta los 14 años. Durante la investigación se comprobó que ambos la entregaban a un amigo de la familia una semana al mes para que éste le hiciera a la niña lo que quisiera a cambio de dinero o de alimentos.

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Imagen ilustrativa.

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Se escapó y “desapareció” por 9 años para dejar atrás el horror

La investigación nació hace 12 años cuando en Santa Rosa se denunció la desaparición de una menor de 14 años.

Lo que se sabía en ese momento era que la adolescente se había ausentado de su vivienda el 8 de julio de 2011 y que existían indicios de que podría haber sido captada y trasladada presumiblemente a San Luis, con fines de explotación.

La menor fue buscada tanto en Mendoza como en San Luis pero ninguna de las medidas sirvió entonces para dar con su paradero.

Nueve años pasaron hasta que en mayo del 2020, en plena pandemia, la propia K. escribió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:

“Mi mamá dejó que me violen desde que tenía 6 años hasta que me escapé y me vine a Buenos Aires a empezar de nuevo”.

En esa consulta online contaba que aguantó violaciones por ocho años y que “por miedo a que me encuentre mi madre, todos estos años estuve prácticamente encerrada”.

Se había cansado de vivir así y necesitaba una nueva identidad, esa que se inventó cuando siendo sólo una niña de 14 años llegó a la ciudad grande.

No quiero ser C.A.O.M. porque a ella la violaron toda su vida. Necesito ayuda para tener una identidad y que mis hijos puedan tener derechos”.

Esas durísimas palabras que llegaron al correo de Desarrollo Social, activaron una investigación en el Juzgado Federal de Mendoza N° 1 y la puesta en marcha del aparato de acompañamiento y protección para las víctimas de trata.

La rubiecita ojos claros y el hombre de la estanciera verde

Meses después de aquel mail, K. declaró formalmente. Lo que la Justicia federal pudo constatar fue que el horror en su vida comenzó en 2003, cuando su mamá y su pareja se la llevaron de la casa de los abuelos en la que vivía.

Por más de ocho años se prolongaron las vejaciones. En ese tiempo, el abusador se alojaba en la casa familiar en La Paz durante aproximadamente una semana al mes y dormía en la habitación de la víctima con permiso para hacer de ella lo que quisiera. El Juzgado lo describió como “abuso sexual con acceso carnal con penetración por vía no determinada”.

“El día del cumpleaños de mi mamá, me fueron a buscar al internado. Nunca me voy a olvidar de ese momento: sabía que algo malo me iba a pasar”.

K. añoraba la vida con sus abuelos. Desde que se mudó con su madre y su padrastro, todo pasó a ser sufrimiento. Según relató ante la Justicia, desde los 8 años barría durante el verano para comprarse útiles escolares. Le pegaban y hasta ligó uno que otro chicotazo.

“Mi mamá nunca se ocupó de mí. Sólo me usaba porque era rubia de ojos claros”.

En su habitación había siempre una cama de más. Las visitas dormían en ella. También su abusador: un señor alto, medio gordo, de bigote y pelo canoso. “De unos 50 años”, dijo la víctima. El hombre de la estanciera verde.

El 7 de julio de 2011 fue la última noche en la que fue abusada. Como cada vez en los últimos ocho años, el “amigo” de la familia la volvió a tocar.

“Después de ese día me fui. Mi mamá sabía lo que pasaba y me decía que era mi culpa”, declaró.

“Las veces que la llamé, que yo grité porque ese hombre entraba en mi pieza, porque dormía ahí y me tocaba. ¿Por qué nunca apareció por mí? Esto es lo que yo no logro entender”, se pregunta K., dolida con su madre, 12 años después de aquella última vez.

Trata e indemnización

"La circunstancia de ser mujer y niña en esta modalidad de trata sexual, además de conformar una causal de vulnerabilidad, se vincula directamente con la violencia de género, la marginación, las relaciones de opresión, de dominio y de abuso de la desigualdad estructural, pues son las más expuestas a formas sistemáticas de violencia y abusos de poder, que ponen en riesgo su salud física, psíquica y sexual, desconociéndole su dignidad y derechos humanos", describe la jueza de Cámara María Paula Marisi en la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 de Mendoza.

"Su vulnerabilidad era tal que priorizó abandonar todo para 'comenzar una nueva vida' a casi mil kilómetros de distancia, indocumentada, en una ciudad que no conocía, donde no tenía amigos ni afectos, sin un techo, dinero o alimento, ni herramientas para desarrollarse como persona. Prefirió huir de sus explotadores aun a riesgo de tener que pasar noches en la intemperie y de caer en otras manos que se aprovechen de su fragilidad e indefensión", agregó para fundamentar su decisión.

Castigar a los responsables de la comisión de estos despreciables delitos y la consecuente reparación a la víctima responde a los compromisos que asumió el Estado Argentino al suscribir tratados internacionales en la sentencia que se escribió con perspectiva de género.

Los padres de K. fueron condenados en carácter de coautores del delito de trata de personas y por haber colaborado para que se cometieran los abusos sexuales.

Reparación del daño de la víctima de trata

El Fondo Fiduciario Público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata-ley 26.364 se creó a través de la ley 27.508.

Esa norma también modificó la ley 26.364 e incorporó el artículo 28, que estableció que: “En los casos de trata y explotación de personas, la sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente, que conceda la suspensión del proceso a prueba, que admita el acuerdo de juicio abreviado o que disponga el decomiso sin condena, deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a las víctimas, como medidas destinadas a reponer las cosas al momento anterior a la comisión del delito” y “que a tal efecto y a fin de asegurar que la sentencia que disponga las restituciones y otras reparaciones económicas a la víctima sea de cumplimiento efectivo, lo magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público Fiscal deberán en la primera oportunidad posible, identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades”.

Además, el artículo 29 del Código Penal establece que “la sentencia condenatoria podrá ordenar la reposición al estado anterior a la comisión del delito en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias y la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, fijándose el monto prudencialmente por el juez”.

Esas normas fueron parte de los argumentos jurídicos de la jueza para el pedido de reparar a la víctima con $4 millones que en la práctica se cumplió la semana pasada tras la aprobación de los fondos por parte del Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas.