Apenas comenzó el invierno del año 2011 ella escapó del infierno que vivía en su casa del departamento La Paz, subió a un colectivo y bajó, casi cuatro horas más tarde, en San Luis, con el terror carcomiéndola por dentro y la pegajosa sensación de que alguien la perseguía. La próxima estación, a casi mil kilómetros, fue Buenos Aires, adonde comenzó una vida nueva con claroscuros.
El departamento La Paz se vio conmocionado por la desaparición de la chica en 2011 y en 2020 por la noticia de había huido de la madre y la pareja porque la prostituían.
Tenía 14 años y el infierno paceño puede resumirse así: desde los 8 había sido abusada sexualmente por un conocido de la familia. Y peor aún: la madre y la pareja la entregaban a ese hombre que regularmente venía a la casa y estaba varias horas con ella. La entregaban por dinero. Sin un gramo de humanidad.
Sin embargo, en el pueblo se instaló una hipótesis que motivó la búsqueda desesperada: que la chica había sido raptada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Y la madre y la pareja participaban activamente del reclamo de aparición urgente. Con todo, a pesar del clamor vecinal, el tiempo dio paso a una versión precisa, certera: la joven había decidido irse. Para salvarse.
La vida nueva
Cuando finalmente el colectivo de larga distancia llegó a Buenos Aires, aquella adolescente comenzó a transitar y descubrir un mundo nuevo. Duro y hostil, casi selvático, especialmente para los que llegan sin recomendaciones, sin referencias y sin un peso en el bolsillo.
Los primeros tiempos fueron terriblemente difíciles. Sombríos. Y su dignidad fue puesta a prueba una y mil veces. Pero ella se había impuesto que era hora de cambiar, pero no solo de paisaje, de gente y de lugar de residencia. Para ser una persona nueva en un suelo desconocido también debía cambiar de nombre.
Durante los próximos 9 años, aquella víctima se hizo llamar con nombre y apellido ficticios y no registrados para dejar atrás el pasado.
La reaparición
Hace un año y medio, apenas iniciada la pandemia, cuando se presentó en una oficina del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para reclamar derechos en favor de sus hijos, las autoridades descubrieron que su identidad no existía en ningún registro. Entonces, ella lloró su pasado, relató su drama y le pidió al Estado una oportunidad de cara al futuro.
En La Paz, casi al mismo tiempo, el estupor: aquella chica había huido para salvar su vida. Y ahora, estaba denunciando a la madre y al padrastro.
A la Justicia Federal, que ya avanzaba con la pesquisa contra los explotadores sexuales, actualmente detenidos, le solicitó que autorice a tener una nueva identidad para reconfigurar su proyecto de vida, a esa altura acompañada por una pareja y dos hijos. Un nuevo nombre plasmado en la partida de nacimiento y el DNI serían suficientes. Para estar en regla con la ley. Para echar raíces de una vez y desde uno de los derechos fundamentales del ser humano: el derecho a la identidad
La Fiscalía Federal número 2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, acompañó la solicitud tramitada por la mujer de 23 años en el Juzgado Federal número 1 de Mendoza y dio, entre otros, este argumento:
Finalmente, el juez federal Walter Bento resolvió en favor de la mujer que padeció violencia sexual y trata de personas por parte de su entorno familiar y emitió una sentencia en la que autorizó que llevara nueva identidad.
Argumentos
El fiscal Alcaraz actuó en esta causa, independiente de la pesquisa penal, junto con la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta.
El apoyo al pedido de nueva identidad entregado al juez Bento se sustentó con diversas pruebas. Entre otras, un informe de la DOVIC.