arco-desaguadero-la-paz2.jpg
El Arco de Desaguadero, puerta de entrada y salida hacia y desde Mendoza.
Las identidades no se revelan por tratarse de delitos de instancia privada y al debate no estará permitido el acceso de público y periodistas.
La mujer y el hombre detenidos con prisión preventiva están alojados en distintas penitenciarías. Llegan a esta instancia acusados de haber entregado a la menor de edad a un conocido de la familia -hoy fallecido- para que la sometiera sexualmente por dinero.
El expediente está en manos del Tribunal Oral Federal 1, con asiento en el edificio judicial de calles España y Pedro Molina.
La desaparición
Durante el 2011 sorprendió a los vecinos de La Paz la súbita desaparición de la adolescente, que por entonces tenía 14 años.
Se habló de la posibilidad de un secuestro y hasta se hicieron marchas de silencio para que la chica apareciera rápidamente, sana y salva. Incluso la madre y su pareja encabezaron el reclamo social.
Que el límite de Mendoza con otras provincias estuviera tan cerca de La Paz alimentó las versiones de desaparición por rapto y posterior trata de personas.
Sin embargo, pasó el tiempo y el interés público decayó notablemente. A la vez, las pesquisas no dieron resultado alguno.
La aparición
En mayo de 2020, apenas comenzado el aislamiento social por la pandemia de coronavirus, la víctima, por entonces de 22 años, se presentó en una oficina bonaerense del Ministerio de Desarrollo Social. Iba con dos pequeños hijos y necesitaba hacer un trámite.
Cuando mencionó su nombre y apellido, el empleado público que la atendió descubrió que esa mujer estaba a la orden del día por averiguación de paradero.
Contenida y orientada por organismos nacionales, como la Dovic -que asesora a víctimas de delitos en condiciones de vulnerabilidad-, la denunciante declaró en Cámara Gesell desde Buenos Aires; aquí, la exposición fue recibida por el fiscal Fernando Alcaraz.
Más tarde se produjeron las detenciones en La Paz.
Con nuevo nombre
En agosto de 2021, un año y tres meses de que el caso se judicializara, la Justicia Federal aceptó el pedido de la mujer y autorizó que se cambiara el nombre y el apellido como una acción más para dejar atrás el infierno vivido entre los 8 y 14 años.
