Un fallo plenario dividido de la Suprema Corte de Justicia confirmó las condenas a 20 años y 12 años de cárcel para Mauricio Albornoz y Gabriela Domínguez, previamente declarados culpables en un juicio por jurado realizado en 2025, por el crimen sin cadáver de la enfermera jubilada Silvia Zulema Chávez.
Fallo dividido
¿Muerte o asesinato? El crimen sin cadáver que dividió a la Suprema Corte de Justicia
Cinco jueces de la Corte confirmaron las condenas por el crimen de una mujer y otros 2 opinaron que la ausencia del cadáver y los indicios ilógicos debieron evitar ese fallo
Silvia Zulema Chávez, la enfermera jubilada. La condena a sus inquilinos dividió a la Suprema Corte entre asesinato y muerte.
El caso, que comenzó a ser investigado como averiguación del paradero de la mujer de 72 años, ocurrió en San Rafael en julio de 2022.
Días atrás, la Suprema Corte de Justicia validó por 5 a 2 la actuación del jurado popular y del juez técnico, Julio Bittar. Sin embargo, los argumentos en disidencia de Teresa Day y Omar Palermo encendieron una luz de advertencia: la cadena de indicios que sustentaron la teoría acusatoria de la Fiscalía en el juicio no tuvo el grado de certeza necesario para destruir el estado de inocencia de los imputados y dictar una sentencia condenatoria. "Los indicios deben ser suficientes y lógicos", coincidieron.
Tras analizar los recursos legales presentados en la Suprema Corte por los abogados de Albornoz y Domínguez contra el fallo que los mandó a la cárcel, los supremos José Valerio, Julio Gómez, Mario Daniel Adaro, Dalmiro Garay y Norma Llatser los hallaron responsables del crimen sin cadáver de la enfermera por considerar que la sumatoria de indicios era lo suficientemente lógica, razonable y sólida para considerarlos culpables de homicidio.
Sin embargo, Teresa Day tuvo una opinión contraria e inquietante, que fue apoyada por Palermo: que la Fiscalía haya demostrado que Chávez murió no significa que haya sido víctima de homicidio, sobre todo por la ausencia de cadáver y de prueba científica clave como la autopsia. Pero también dieron más argumentos.
La enfermera y el drama con los inquilinos
Silvia Zulema Chávez vivía sola en la calle Ecuador y Albornoz y Domínguez le alquilaban una propiedad que habitaban en la parte trasera.
La desaparición de la enfermera fue denunciada en julio de 2022, tras varias semanas sin ser vista.
El caso estuvo en manos de los fiscales Pablo Peñasco y Paula Arana; en nombre de la familia intervino Javier Giaroli.
Qué hallaron en la casa de la enfermera
En la casa se encontraron un glucómetro, dosis de insulina y otros bienes personales, lo que permitió pensar que la mujer no había abandonado la vivienda por voluntad propia. Tampoco había retirado el dinero de las jubilaciones acumulado en la cuenta bancaria y el celular había dejado de funcionar súbitamente.
Los inquilinos, con los que mantenía una relación conflictiva, se fueron de la propiedad alquilada sin reclamar nada ni ser vistos por vecinos, algo que también llamó la atención de los investigadores.
Indicios para la condena por el crimen sin cadáver
Albornoz y Domínguez fueron detenidos, juzgados, declarados culpables y finalmente condenados por el Tribunal Penal Colegiado 1 de San Rafael en base a una cadena de indicios: el cese de la rutina vital de la víctima, el hallazgo de restos biológicos en la casa mediante perros entrenados y testimonios sobre la mecánica del crimen.
En detalle: el abandono del tratamiento por diabetes, la paralización de su actividad económica y el hallazgo de su dentadura postiza, su bicicleta, su ropa, valijas y hasta el cepillo de dientes.
Que la enfermera no hubiera ingresado a centros médicos ni a geriátricos abonó la teoría del asesinato, como también que no hubiera salido del país, según los registros de Migraciones.
Que los celulares de los acusados tuvieran actividad en la zona de la escena del crimen fue utilizado en contra de ambos, aunque fuera lógico que así hubiera sido ya que vivían a pocos metros de la casa de la enfermera.
Que perros adiestrados detectaran, mediante el olfato, restos biológicos en sectores de la vivienda de la víctima también complicó a los acusados porque revelaban, para la acusación, que en el lugar había existido violencia.
Además, una declaración testimonial que dio cuenta, desde la cárcel, que Albornoz había dicho que mató a la enfermera "de un palazo en la nuca" y que la sacó de la casa adentro de una heladera para finalmente quemar sus restos.
Y más aún: escuchas telefónicas a Albornoz y Domínguez, que registraron diálogos acerca de la actitud que debían tener en caso de ser detenidos pero también reproches de él hacia ella: "Por culpa tuya estoy así".
Teresa Day: la duda razonable debió impedir la condena
Para la jueza María Teresa Day, la condena fue "arbitraria" porque las pruebas recolectadas durante la investigación denotaron "fisuras" que generaron la "duda razonable", lo que debió impedir la condena de Albornoz y Domínguez.
Resultó imposible reconstruir la mecánica del presunto asesinato, dijo, en la casa porque la escena estaba alterada: al momento de los peritajes, una hermana de la enfermera había limpiado la vivienda con lavandina, producto químico que activó al Luminol, reactivo que se utiliza para detectar restos de sangre.
¿Sangre o lavandina? Esa duda, según Day, debió beneficiar a los acusados, tal como indica el principio jurídico In dubio pro reo.
Otro dato clave que Day utilizó para remarcar la incongruencia temporal de la acusación: para la Fiscalía, la enfermera fue asesinada durante la mañana del 20 de julio de 2022. Sin embargo, el glucómetro de la mujer fue utilizado esa noche, a las 20.
Muerte no significa homicidio, según dos jueces de la Corte
La ausencia de cadáver y de autopsia también favoreció a los acusados, según la magistrada. "No existe evidencia científica sobre el mecanismo de la muerte", dijo.
También criticó que la investigación haya omitió evaluar otras posibilidades, como el suicidio, considerando que un testigo mencionó un intento previo de la víctima de quitarse la vida.
Para el juez Palermo, el veredicto del jurado populares debe ser, en cualquier caso y en éste en particular, una "expresión racional de valoración" y no el fruto de una base probatoria "insuficiente o ilógica".