La defensa del ex funcionario Marcelo D'Agostino denunció a la abogada Elena Quintero por postergar audiencias

Y detallaron que desde abril, cuando comenzó a investigarse la denuncia en la Unidad Fiscal, incurrió en "14 pedidos de suspensión y reprogramación de audiencias, acciones que vulneran los deberes de celeridad, lealtad y buena fe que rigen la práctica legal".

La denuncia contra la querella

Los tres ejes de la presentación contra la abogada Quintero, que patrocina a la denunciante del ex funcionario, son "conducta procesal sistemáticamente dilatoria, faltas de diligencia y lealtad en una audiencia específica -la del 11 de agosto último- e incumplimientos normativos y ético-profesionales".

La defensa de Marcelo D'Agostino, que renunció al cargo público apenas fue denunciado, documentó de manera cronológica al menos 14 solicitudes de suspensión, reprogramación o no fijación de audiencias presentadas entre abril y agosto de 2026.

Para los abogados, "la naturaleza de estos pedidos a lo largo de la tramitación del expediente es altamente repetitiva y sistemática".

Denuncian "infracciones y faltas graves" de la querella

Los abogados plantearon en el Juzgado Penal Colegiado que la abogada de la denunciante "ha cometido infracciones del Código Procesal Penal de Mendoza y del Código de Ética Profesional".

Esta normativa establece, entre otros ítems, que las audiencias deben ser continuas sin admitir demoras o suspensiones y exige que se informe al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados si los profesionales provocan el fracaso injustificado de los actos procesales.

Y califica como "falta grave" el incumplimiento injustificado de las obligaciones de los defensores o mandatarios, ordenando su comunicación al Colegio de Abogados.

Las "tácticas dilatorias graves" denunciadas

Según la defensa de Marcelo D Agostino, la abogada Elena Quintero, que asiste a la denunciante, cometió "tácticas dilatorias graves" en conductas procesales específicas:

• Solicitud sistemática de suspensiones, reprogramaciones o la no fijación de audiencias y actos procesales: denunciaron una conducta reiterada orientada a dilatar la causa judicial mediante al menos 14 peticiones concretas.
• Reprogramaciones de audiencias testimoniales invocando sistemáticamente la superposición de agendas judiciales o audiencias en el fuero federal.
• Justificación de inasistencias mediante la presentación de certificados médicos de la denunciante o de la propia abogada a último momento para forzar nuevas fechas.
• Insistencia en pedidos de reprogramación que ya habían sido rechazados.
• Impugnación de emplazamientos y reiteración urgente de planteos de nulidad absoluta con el fin expreso de suspender las audiencias programadas.
• Condicionamiento de audiencias a eventos futuros, como exigir la previa incorporación de informes del Consejo de la Magistratura para poder celebrar un acto procesal.
• Peticiones directas para que no se fijen audiencias, acompañadas por planteos de suspensión de plazos.
• Solicitudes de cambio de horario de audiencias programadas alegando razones particulares, como turnos médicos de familiares.
• Negativa a continuar con las exposiciones y fundamentaciones en las audiencias en curso:
  • Negarse a seguir fundando las incidencias o planteos procesales cuando el tribunal lo requiere de forma expresa, a pesar de contar con el tiempo disponible en la audiencia para hacerlo.
  • Argumentar falta de orden o preparación en ese momento para postergar el desarrollo de los argumentos hacia la siguiente jornada de audiencias.
  • Solicitar cuartos intermedios injustificados en lugar de cumplir con la carga procesal de exponer y fundamentar los recursos planteados.
• Abuso de medios legales e incumplimiento de deberes éticos y procesales:
  • Utilizar de manera abusiva las herramientas legales para entorpecer el normal desarrollo del pleito, afectando la celeridad de los procesos.
  • Hacer fracasar de manera injustificada las audiencias y faltar a los deberes de diligencia, puntualidad, orden y lealtad procesal que pesan sobre los profesionales del derecho.

Pidieron sanciones en el Colegio de Abogados

La defensa del ex subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino solicitó a la conjueza Jimena Pina González, del Juzgado Penal Colegiado N° 1, la aplicación de las siguientes medidas contra la abogada Elena Quintero, quien representa a la denunciante del ex funcionario provincial.

• Sanciones procesales discrecionales: pidió a la conjueza Pina Gonzalez que, en ejercicio de sus facultades de dirección del proceso y de las audiencias judiciales, aplique las sanciones procesales que estime correspondientes.
• Remisión al Tribunal de Ética: que remita un informe al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

Esta solicitud de informe al Colegio de Abogados se fundamenta en dos disposiciones específicas del Código Procesal Penal de Mendoza.

1) El artículo 362 in fine, que prevé el envío de este informe cuando los profesionales de derecho hacen fracasar de manera injustificada las audiencias.

2) El artículo 140, que califica el incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios como una "falta grave" y ordena su comunicación a la entidad correspondiente.