La Unidad Fiscal de Delitos Económicos investiga la denuncia colectiva contra una empresa constructora local por el delito de estafas, todo ligado a la construcción y venta de departamentos y locales comerciales.

Cuarenta clientes judicializaron el reclamo en la Unidad Fiscal a cargo de Susana Musicianisi, que ya ha intervenido en otros casos resonantes, y denunciaron a Rubén Orlando Ivars, Edgardo Ivars, Santiago Ivars y Martín Ivars. También vincularon a una escribana pública a la que le atribuyen haber participado de las maniobras.

Los denunciantes son gente de diversas ocupaciones. Hay médicos, comunicadores, gente del Derecho; otros están vinculados a la política, etc. Tienen distintas capacidades financieras y de ahorro. Hay gente de distintas edades incluso.

A su turno, todos expusieron en la Justicia penal que a la constructora le pagaron fuertes sumas de dinero -muchos entregaron dólares billete- y que hasta el momento no han recibido las propiedades por las que tanto invirtieron. Muchos de ellos para vivir los últimos años de sus vidas con una preocupación menos o con un ingreso económico más. Todos temen que no volverán a ver nada de ese esfuerzo que, en algunos casos, ha superado los 100.000 dólares invertidos.

Hay boletos de compraventa firmados hace años que fueron ofrecidos como prueba a la Justicia por la adquisición de esas propiedades, en la calle Paso de los Andes de Ciudad.

A los denunciantes los representa el abogado Juan Carlos Ruiz. A los imputados, los letrados Elena Quintero, Pablo Livio Cazabán y Juan Pablo Chales, que ejercen la defensa técnica.

Para los denunciantes se trató de una estafa colectiva que debe resolver la Fiscalía penal. Para los denunciados todo debe quedar encuadrado en el fuero Civil y Comercial: incumplimiento de contrato, alegan públicamente los defensores.

Sebastián Capizzi, fiscal jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, sabe perfectamente que este tipo de procesos judiciales son de trámite largo y muy complejo. Porque no se trata de un asunto de tipo palabra contra palabra sobre el que hay que resolver, sino que al haber dinero y otros bienes mediante terminan siendo indispensables algunos peritajes y rendiciones contables y demás.

Por esto, y para no demorar más la solución, el magistrado bajó una directiva concreta: que se promuevan acuerdos económicos entre denunciantes y denunciados. En este caso, los primeros tienen la última palabra. Aceptan o no.

Si esta alternativa fracasa los imputados deberán ir a juicio oral y público y su situación será resuelta por un tribunal.

Los abogados de los imputados aseguran que buscan acordar con sus clientes para resolver el problema. Aunque también tienen en claro que será muy difícil arreglar con todos porque cada uno podría tener su propia pretensión y expectativa.

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