El reclamo en concreto fue de $27.000 para cada ciudadano argentino por el daño económico producido ante el aislamiento social.
En una primera instancia, un juez federal rechazó el planteo asegurando que es incompetente para resolver sobre un supuesto delito cometido por un estado extranjero. Los abogados apelaron a mediados de junio y este martes volvieron a recibir una negativa.
Los camaristas Alfredo Porras y Juan Ignacio Pérez Cursi -un Tribunal radicado en Mendoza pero que resuelve en el ámbito federal de Cuyo- volvieron a rechazar la indemnización por el mismo motivo: la incompetencia. La base estuvo en la Ley 24.488 que indica que "los Estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos".
Si bien la ONG puede insistir con la demanda judicial ante la Corte nacional, por ahora ningún argentino podrá sumar unos pesos a su bolsillo.