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Ex jueza de la Penitenciaría perdió una demanda en la Corte

Inés Vargas Romero, que trabajó como jueza en los juzgados de Boulogne Sur Mer y Almafuerte, demandó a la ART por enfermedad incapacitante. Se jubiló en 2014

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó la demanda judicial por enfermedad laboral incapacitante que la ex jueza de la cárcel María Inés Vargas Romero entabló contra la ART que brinda cobertura a empleados y funcionarios estatales.

Años atrás, tras el asesinato de Matías Quiroga en Godoy Cruz, esa magistrada estuvo en la picota por la concesión de beneficios carcelarios a convictos que cumplen condena.

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En fallo unánime, los supremos José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro dictaron sentencia definitiva y rechazaron el recurso extraordinario provincial presentado por Vargas Romero contra la sentencia de la Segunda Cámara del Trabajo.

La misma había sido desfavorable a su pretensión de cobrar una indemnización superior a los $800.000 por prestaciones dinerarias derivadas del tratamiento de la enfermedad.

El 24 de noviembre de 2020, el Fiscal Adjunto Civil de la Procuración General de la Corte, Héctor Fragapane, se había manifestado en igual sentido.

De este modo, la Justicia determinó que Vargas Romero, quien desempeñó el cargo de jueza de Ejecución Penal hasta que en 2014 se jubiló por incapacidad física, no debe ser resarcida con dinero por la ART Provincia de acuerdo los conceptos que reclamó.

Uno de los elementos determinantes para arribar a esta decisión es que en 2012, cuando la magistrada tomó licencia por sufrir una enfermedad psiquiátrica que se agravó con el paso del tiempo, la ART Provincia aun no prestaba servicios para el Estado provincial; gestión que comenzó en 2013.

Un severo cuadro de ansiedad, pánico y estrés laboral terminó por afectar el 27% de la capacidad física de Vargas Romero, que se retiró a fines del año 2014.

La ex magistrada se desempeñó, durante sus primeros años en la Justicia provincial, en la hoy desaparecida Cuarta Cámara del Crimen. Hasta entonces, dejó aclarado textualmente en la demanda contra la ART Provincia, "me encontraba apta para las tares, no presentando ningún tipo de dolencia".

Posteriormente fue designada jueza de Ejecución Penal en la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer. Allí atribuyó sus padecimientos a "las malas condiciones edilicias". De hecho, el juzgado a su cargo funcionaba dentro del predio carcelario.

También denunció "la estresante situación que a diario debía afrontar en las tareas, como los motines".

En 2009 fue trasladada para cumplir su función de juez al Complejo Almafuerte en Campo Cacheuta.

En 2012 fue denunciada, junto a otros funcionarios judiciales, por el convicto Marcelo Gato Araya, quien acusó haber recibido apremios durante la detención.

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