La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dio aviso al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación de que el juez federal con competencia electoral de Mendoza, Walter Bento, ha sido imputado por los delitos de asociación ilícita y cohecho durante una investigación penal que está en desarrollo y que involucra a presos y abogados.

O dicho de otro modo, que existe la firme sospecha de que el magistrado estaba al frente de una banda que vendía favores judiciales a imputados en su propio juzgado.

El Consejo de la Magistratura también ya sabe que pesa sobre la persona de Bento una orden de captura que no se efectivizó porque posee inmunidad de arresto por su condición de usía, paraguas legal que únicamente podría perder al final de un juicio político de destitución.

El titular de la Cámara Federal, Juan Antonio Pérez Curci, reportó este miércoles desde Mendoza la noticia que sacude al mundo tribunalicio local al presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea. Pérez Curci es uno de los magistrados que más instó a que se investigara lo que comenzó siendo rumores y que tras la muerte de Diego Aliaga, señalado como el vínculo entre Bento y abogados de presos, comenzó a tomar un color cada vez más oscuro.

A partir de entonces, la novedad de la imputación sobre Bento será retransmitida a la Comisión de Disciplina y Acusación, que preside el juez Ricardo Recondo.

Integrado por nueve personas, ese organismo, con sede en Buenos Aires, quedará en condiciones de iniciar su propia investigación, lo que podría derivar en la suspensión temporal del juez Bento en el ejercicio de sus funciones de magistrado mientras sigue siendo investigado, al mismo tiempo, por el juez federal Eduardo Puigdengolas y el fiscal Dante Vega.

Entre otras funciones, la Comisión de Disciplina y Acusación está en condiciones de elevar al plenario del Consejo, al final de la pesquisa, el dictamen de remoción o suspensión de Bento.

La familia

María Isabel Boiza, la esposa de Bento, y sus hijos Luciano y Nahuel, también trabajan en el Poder Juducial de la Nación. Uno de los hijos del juez es funcionario. La esposa y el otro hijo son empleados rasos.

Toda la familia está en la mira de la fiscalía por el patrimonio al que, de acuerdo a fuentes judiciales confiables, difícilmente podrían haber accedido gracias a sus sueldos de juez, funcionario y empleados rasos.

Bento se tomó licencia por razones particulares este miércoles, a partir de la media mañana, cuando los pesquisas fueron a su casa en el barrio Palmares, en Godoy Cruz, y otro equipo encabezaba allanamientos en su despacho de juez federal con competencia electoral.

Este jueves debe presentarse a trabajar en los tribunales federales, en España casi Pedro Molina, aunque en la práctica se descuenta que renovará la licencia por razones particulares para seguir a disposición de la Justicia que lo investiga.

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