Gustavo Sain, director nacional de Ciberseguridad, aquí junto al juez de la Suprema Corte, Mario Adaro.
Pasó por Mendoza Gustavo Sain, director nacional de Ciberseguridad, quien reconoció que en los últimos meses se han incrementado en el país los delitos en los entornos digitales por el mayor uso de los servicios y aplicaciones en internet. El funcionario mantuvo una reunión con un grupo de especialistas en informática de organismos estatales y de empresas, en una charla que se realizó en el salón de actos de la Suprema Corte de Justicia.
Uno de los conceptos destacados que dejó fue el siguiente: "El cibercrimen demuestra que el delito no está asociado a la pobreza”
“El delito informático se explica por el criterio de oportunidad y no de necesidad. Una persona con acceso a internet, utilizando ingeniería social y ciertas tecnologías, como pudo verse en las modalidades delictivas en pandemia, nos permite entender que el criterio de oportunidad es la clave. Hay un contexto en el que hay una red global de fácil acceso, servicios de aplicaciones de internet gratuitas, y la posibilidad de anonimato a partir de la construcción de identidades ficticias que permiten las empresas”, indicó Sain.
El funcionario de la Secretaría de Innovación Publica de Jefatura de Gabinete de la Nación señaló además: “El uso de las tecnologías digitales se ha tornado indispensable, tanto en lo referido a la gestión interna de los organismos como en lo relacionado a los servicios que se prestan a la sociedad. Muchos de los trámites que realiza la ciudadanía ante organismos públicos se llevan a cabo mediante aplicaciones informáticas"
Sain también expuso en Mendoza sobre el paradigma de una nueva cultura de la ciberseguridad a nivel gubernamental, en una charla en modalidad mixta, presencial y virtual, que fue organizada por la Universidad Champagnat como parte de la Diplomatura en cibercrimen y evidencia digital.
El visitante invitó a los referentes informáticos con los que se reunió a que se genere una mayor participación y colaboración dentro del ecosistema digital nacional y local, y agradeció el encuentro que fue promovido por el juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Adaro.
Otro tema que fue anunciado por Sain es que las aplicaciones deberán tener un nivel de seguridad que proteja los datos personales.
Un comité de expertos creado por el Gobierno nacional dará los lineamientos técnicos para que en el sector público del país se desarrollen aplicaciones seguras que protejan la ciberseguridad y los datos personales de quienes se conectan a internet desde sus celulares.
Otro tema expuesto por Saín fue la reciente decisión administrativa nacional sobre “Requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos”, lineamientos a los que las provincias pueden tener como referencia y adherirse. “Las nuevas formas de ataques informáticos y la actividad maliciosa en general avanzan y se modifican en forma vertiginosa, obligando a mantener actualizadas las herramientas, protocolos y marcos normativos”, explicó.
También informó que se ha creado el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos (CERT.ar) que cumple la función de coordinar la gestión de incidentes de seguridad a nivel nacional, prestar asistencia, administrar y gestionar toda la información sobre reportes, y asesorar ante estos ataques o vulneraciones.
La dirección nacional de Ciberseguridad se creó en 2015. Dependía del anterior Ministerio de Modernización de la Nación. En la actualidad depende de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a cargo de Martín Olmos, dentro de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación. Su responsabilidad primaria es la de elevar los estándares en materia de seguridad de la información del Sector Público Nacional, generar capacidades de prevención, detección, respuesta y recupero ante incidentes de seguridad informática dentro y proteger las infraestructuras críticas de información.
Sain comentó cuáles son los principales desafíos de una política de ciberseguridad nacional y cómo se articula con las provincias. “En primer lugar lograr el cumplimiento efectivo de políticas de seguridad de la información basados en estándares internacionales, generar una cultura de la ciberseguridad dentro de la Administración Pública que incluya programas de concientización para empleados y capacitación continua de recursos humanos de las áreas de seguridad informática de las dependencias y ampliar la sinergia entre el sector público y el privado para establecer líneas de trabajo conjuntas en materia de ciberseguridad”.
Y respecto a la labor con las 24 jurisdicciones del país indicó: “La Dirección Nacional de Ciberseguridad articula a nivel nacional con las diferentes provincias en el marco del Cofefup (Comité Federal de la Función Pública), donde nos nutrimos de buenas prácticas existentes a nivel jurisdiccional e invitamos a adherir a las diferentes disposiciones del gobierno nacional en la materia para que puedan incorporar las políticas en sus provincias. Asimismo brindamos asistencia para la creación de Equipos de Respuesta a Incidentes a nivel jurisdiccional y ofrecemos instancias de capacitación a través del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP Federal)”.
Fuente: Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
