Familiares y vecinos del policía retirado Héctor Pelayes, asesinado en su casa en 2024, durante un asalto, por un preso condenado que había sido liberado anticipadamente por el juez Sebastián Sarmiento, presentaron dos juicios civiles contra el Estado provincial y exigieron dos indemnizaciones por un total de $370 millones.
Dos juicios al Estado por $370 millones por el caso del policía asesinado por un preso liberado
La familia y vecinos del retirado Héctor Pelayes culparon al Estado por la libertad condicional de un condenado que dispuso el juez Sebastián Sarmiento

El crimen del policía retirado Héctor Pelayes derivó en 2 juicios al Estado por la actuación del juez Sebastián Sarmiento, que había otorgado la condicional al preso que asesinó.
Ambos expedientes se tramitan en el Juzgado de Gestión Asociada 1 y están a cargo de la jueza Roxana Álamo. Han sido caratulados por daños y perjuicios derivados del crimen de Pelayes.
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Las demandantes acudieron a la Justicia Civil con el argumento de que por la liberación anticipada de Roberto Pereyra Cruz en abril de 2023 y cuya condena debía finalizar en 2027, "el Estado provincial incumplió con el accionar de uno de sus funcionario en su actuación judicial".
La condena al juez Sebastián Sarmiento habilitó los juicios
Por este caso, el juez penal Sebastián Sarmiento fue sancionado con 6 meses de suspensión sin goce de sueldo tras haberse declarado culpable ante el Jury de Enjuiciamiento durante un juicio abreviado. Ya volvió a trabajar.
Que el magistrado haya reconocido su responsabilidad habilitó automáticamente a los 3 hijos y al nieto de Pelayes a exigir una indemnización. Idéntica conducta tomaron los padres de un niño que estaba en la escena del crimen aquel domingo de septiembre pasadas las 20.30.
Especialistas en la materia consultados por Diario UNO coincidieron que, frente a este escenario de reconocimiento de la responsabilidad por parte del juez, los abogados del Estado deberán apuntar la estrategia defensiva exclusivamente a que la suma final a pagar sea lo más baja posible.
El primer juicio: los padres de un chico que fue testigo
La primera demanda contra el Estado provincial fue presentada el 23 de junio último por los padres de un niño de 12 años que, al momento del asalto y crimen, estaba en la casa de Pelayes porque jugaba con el nieto.
Reclamaron que el Estado les pague $150 millones como indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el hijo como consecuencia del asalto y tiroteo que causó las muertes de Pelayes y de su atacante, Pereyra Cruz.
Algunas de las pruebas que figuran en el expediente indican que el gravísimo episodio, del cual el niño fue víctima, afectó seriamente su estado emocional. "Padece de ansiedad, hipervigilancia, temor persistente, necesidad de protección y dificultades asociadas al descanso nocturno. Además, se siente altamente vulnerable e inseguro".
Los hijos y un nieto del policía asesinado reclamaron $220 millones
El 31 de agosto último presentaron la demanda civil los 3 hijos y un nieto de Héctor Pelayes. Exigieron una indemnización de $220 millones.
Alegaron daños y perjuicios y daño moral derivados del asesinato del policía retirado por distintas razones. Entre otras, que el grupo familiar debió reorganizarse y algunos de sus integrantes, cambiar de domicilio porque vivían en la casa donde se produjo el crimen.
Otra razón: Pelayes colaboraba con la economía de algunos de sus hijos y con el cuidado del nieto, que es menor de edad. En el caso del niño, el crimen le causó traumas psicológicos y la afectación de su salud emocional y comportamiento. Incluso en el ámbito escolar.
Y más: la exposición pública, incluso la referida a la denuncia contra el juez Sarmiento en el Jury de Enjuiciamiento.
En pocas palabras
- Dos juicios al Estado mendocino: reclaman $370 millones por las consecuencias del asesinato del policía retirado Héctor Pelayes, ocurrido en 2024.
- Libertad condicional: el autor del crimen, Roberto Pereyra Cruz, había sido liberado anticipadamente por el juez Sebastián Sarmiento en abril de 2023.
- Responsabilidad judicial: el juez Sarmiento reconoció la responsabilidad y fue sancionado por el Jury, lo que habilitó a las víctimas a exigir indemnizaciones seguras por daños y perjuicios.