El miércoles, cuando la prensa chequeaba si el docente de la Edison había sido detenido -como advertían distintas versiones desde el día anterior-; se revelaron, primero, la confirmación y después la existencia de una segunda denuncia, tan grave como la primera, en otra escuela primaria: la José Cartellone.
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Revuelo e indignación en la escuela José Cartellone: el celador denunciado fue liberado.
Denuncias de abuso, prisión e infierno social y viral
Esa misma noche, los denunciados ya estaban presos y las inmediaciones de la Cartellone se habían vuelto un infierno, tal como se viralizó, por los incidentes, insultos y acusaciones de todo calibre contra el celador.
Ya en declaraciones a la prensa, familiares del niño de 6 años habían juzgado, acusado y condenado de antemano al trabajador. Y hablado con una seguridad implacable, a tal punto de asegurar que el niño había "reconocido" al celador como autor de vejaciones.
Sin embargo, el viernes a media mañana -36 horas después de la escandalosa detención- y luego del análisis de pruebas científicas recolectadas por la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales, ya se hablaba de la inminente liberación del hombre por falta de pruebas. Esa tarde, se informó oficialmente que el celador había recuperado la libertad porque no había pruebas que ameritaran que siguiera preso.
Ministerio Publico Fiscal de Mendoza
Los casos de abuso sexual son investigados por el Ministerio Público Fiscal.
Ambas investigaciones siguen su curso y en breve la niña de 4 años y el niño de 6 años serán protagonistas de otra prueba importante para la pesquisa judicial: la Cámara Gesell, donde especialistas en psicología infantil tratarán de develar si pudieron haber sido abusados o no.
Dos antecedentes de abuso con finales contrapuestos
Las denuncias por abuso sexual infantil de esta semana en las escuelas Edison y José Cartellone remiten a otros casos anteriores casi calcados, en otros establecimientos escolares, que tuvieron definiciones contrapuestas.
Se trata de los casos de abuso denunciados por las madres de una alumna de 4 años del colegio Murialdo de Guaymallén y de un alumno de 7 años de la escuela Juan Gregorio de Las Heras, frente a la plaza de ese departamento.
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La comunidad educativa del colegio Murialdo fue sacudida por la detención y condena de un celador.
Ambos casos fueron generosamente tratados por la prensa y no era para menos: lo ameritaban las denuncias judiciales de que dos niños podían haber sido víctimas de abuso y la detención de tres personas: el celador de Murialdo y el director y la secretaria de la escuela Juan Gregorio de Las Heras.
La prensa y el caso Spotlight de abusos en la Iglesia
Callar desde lo periodístico este tipo de acontecimientos es tan grave como condenar de antemano sin que la Justicia haya terminado su trabajo y arribado a una conclusión.
Para sostener ambas afirmaciones, dos recomendaciones.
La primera está en la plataforma MAX. Es la película En primera plana (Spotlight) sobre el escándalo de los repetidos, encubiertos y sistemáticos abusos sexuales a chicos cometidos y silenciados durante décadas en la Iglesia Católica de Boston, Estados Unidos. Más de 100 sacerdotes implicados y una cantidad fenomenal de víctimas más los típicos traslados de los acusados por decisión de la Curia y la renuncia del cardenal componen una trama que no hizo falta inventar porque fue real.
La segunda recomendación: revisar cómo inició, se desarrolló y terminó, en Mendoza, la acusación por abuso sexual que una mujer de 39 años hizo contra dos rugbiers de la Selección francesa, durante el invierno de 2023.
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Los rugbiers franceses denunciados, presos, liberados y sobreseídos tras una acusación por abuso sexual.
Volvamos a los casos de las escuelas Murialdo y Juan Gregorio de Las Heras.
El caso Murialdo: condena por abuso e indemnización confidencial
En agosto de 2018, el celador Alejandro Salas fue detenido en su casa de Guaymallén tras la denuncia de la madre de una alumna de 4 años por abuso sexual.
Cada prueba nueva era lapidaria contra Salas: el reconocimiento de parte de la niña, los chequeos médicos, el perfil psicológico del denunciado y de la niña -que no tendía a mentir ni a fabular- y hasta el rastrillaje a cargo de perros entrenados.
La investigación determinó la condena de Salas a 6 años de cárcel, sentencia confirmada por la Corte de Mendoza y la Corte de la Nación.
Ese fallo del fuero penal motivó que la madre de la pequeña demandara al colegio por daños y perjuicios, pleito del fuero Civil que terminó cuando los Padres Josefinos de Murialdo, pertenecientes a la Congregación de San José, indemnizaron a la niña con una suma de dinero varias veces millonaria, fruto de un acuerdo extrajudicial y confidencial.
La falsa denuncia de abuso en Las Heras y la condena social
La contracara es el caso de la escuela Juan Gregorio de Las Heras. La falsa denuncia.
"Conocí el infierno", dijo Luis, el denunciado director a Diario UNO.
"Jamás pude volver a dar clases", declaró Valeria, la denunciada secretaria de la escuela.
Ambos estuvieron presos en plena pandemia y quedaron libres y exculpados de toda sospecha en 2022, luego de que la Justicia concluyera que no había pruebas que sostuvieran la denuncia presentada por la madre de un alumno de 7 años y mucho menos la detención. La pesquisa también determinó que la denunciante padece de trastornos psiquiátricos graves, algo que en el ámbito escolar y social ya era conocido.
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La escuela Juan Gregorio de Las Heras, cuyo director y secretaria fueron denunciados, estuvieron presos y fueron liberados en 2022.
Sin embargo, Luis y Valeria estuvieron privados la libertad. Él, en comisarías y cárceles de Mendoza, donde fue maltratado y hasta violado por presos. Ella estuvo en una comisaría primero y después en su propia casa, con tobillera electrónica.
Por aquella falsa denuncia perdieron ambos. Y desde entonces sobrellevan una de las peores consecuencias de haber sido denunciados por un delito que no cometieron: la condena social; esa mancha negra que los acompaña donde van y que los obligó, en el caso de Luis, a irse a trabajar a otra escuela -"la relación con la comunidad educativa ya se había roto", dijo.
Valeria dejó de dar clases en las aulas -su verdadera vocación, admite- para recluirse en una oficina administrativa de la DGE.
