Marina Corso (68) preparó la jeringa con Diclofenac con B12, un medicamente antiinflamatorio y analgésico, y se lo aplicó a la paciente en uno de sus glúteos. Pero olvidó varios detalles higiénicos: no se colocó guantes en sus manos y tampoco desinfectó la zona con alcohol.
Tres días después, Riera volvió al sanatorio ya que estaba descompuesta y tenía un fuerte dolor en la zona donde le aplicaron la vacuna. La pericia médica determinó que estaba padeciendo una fascitis necrosante, es decir, una infección producida por una bacteria.
Según sostuvo el expediente penal, el médico de guardia le realizó un tratamiento analgésico para el dolor y le dio el alta. Cuatro horas después, la paciente volvió en grave estado de salud y quedó internada. Terminó muriendo el 19 de mayo.
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Largo camino judicial tras la mala praxis
El fallecimiento de Andrea Riera abrió un expediente por homicidio culposo -de 1 a 5 años de cárcel- que derivó en la imputación de dos personas: Marina Corso y el médico de guardia de la clínica. Este últmo fue sobreseído por el beneficio de la duda el 10 de agosto del año pasado, según decidió la fiscal de Homicidios Claudia Ríos pese a la oposición de los abogados querellantes Gabriel Carrizo y Antonio Carrizo.
Parecía que el caso de la mujer del inyectable iba a correr la misma suerte, pero una pericia que se realizó en la causa civil cambió todo. Una necropsia que realizaron médicos forenses determinó, palabras más palabras menos, que se trató de un caso de "mala praxis por omisión con negligencia e imprudencia".
Ante este nuevo panorama, Marina Corso decidió admitir su autoría en un juicio abreviado que se concretó en las primeras horas de la tarde de este jueves y terminó condenada a 3 años de prisión en suspenso.
Resta resolver la demanda civil que entabló los familiares de la víctima fatal contra ambos profesionales de la Salud. Fuentes judiciales detallaron que ese proceso se encuentra en etapa de alegatos y esperan una sentencia en las próximas semanas.
