Segunda condena
El 18 de junio de 2019 la jueza María Victoria Franano ya había condenado a Marcelo Gómez, quien fuera director de Servicios Públicos durante la intendencia de la radical Norma Trigo, a 3 años y 2 meses de prisión por homicidio culposo y violación de los deberes de funcionario público. La defensa del sospechoso apeló el fallo e intentó revertirlo ante la Suprema Corte de Justicia. Esto garantizó que Gómez quedara libre hasta que la sentencia esté firme. Incluso continuó trabajando como empleado municipal y a mediados de 2019 fue precandidato a intendente por Protectora.
En la apelación, la defensa de Gómez planteó que la muerte de Leonela Rosales fue "un accidente que se produjo por la conducta de la víctima, que tocó con su cuerpo un cable de energía que a causa del vandalismo se encontraba expuesto". Incluso argumentó que el ex funcionario había ordenado un control de las instalaciones en esa plaza dos días antes del trágico suceso.
Los ministros de la Corte José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro ratificaron su culpabilidad ya que "omitió realizar los controles e inspecciones debidos para garantizar la seguridad del paseo público que se encontraba a su cargo, lo que determinó la producción del resultado mortal".
Sin embargo, los jueces cuestionaron la unificación de pena que se hizo con una causa anterior de lesiones leves y remitieron el expediente a su tribunal de origen para que se dicte una nueva sentencia, la cual se conoció este lunes.
Tragedia en Santa Rosa
El 26 de noviembre de 2017, cerca de las 20.30, la pequeña Leonela Rosales se encontraba jugando en la plaza 12 de Octubre -ubicada sobre el margen norte de ruta 50 y carril Mirador- junto a su madre y unos primos. En un momento, la niña tocó con un brazo una farola ubicada en el espacio verde y recibió una fuerte descarga eléctrica que terminó saliendo por su pie derecho. Murió a los pocos segundos.
El caso produjo una tormenta política ya que la entonces intendenta, Norma Trigo, dijo en una conferencia de prensa que la pequeña había muerto por un golpe en la cabeza y no por la electrocución. Sin embargo, la Justicia avanzó con la imputación de cuatro funcionarios que llegaron a juicio. Todos fueron absueltos excepto Marcelo Gómez, quien era el encargado de mantenimiento del municipio.
