Alberto Fernández, el día en que se anunció oficialmente que la mayoría accionaria se compraba con dinero público.
Es bastante claro que el Estado está fracasando en lo que quiso hacer con IMPSA. En lo político, hay errores repartidos, pero al final de cuentas, lo más importante de todo es la dura realidad de las últimas horas: no pueden pagar los sueldos, hay una deuda de U$S500 millones y la única empresa interesada en comprarla está zozobrando y se demora peligrosamente en estampar su firma. Al punto de que estamos dudando acerca de si finalmente lo hará o no.
Es su única oportunidad aparente y del otro lado está el precipicio. IMPSA hoy no tiene un plan B. Y peor aún: IMPSA puede cerrar. Así de estrepitoso como suena: la empresa emblema del último siglo en Mendoza, quizá la más importante en toda su historia, puede desaparecer.
No sólo lo dicen personas que la conocen bien desde adentro y han seguido los últimos capítulos de esta casi agonía, sino que hasta lo dice el propio gobernador, Alfredo Cornejo, en la nota que le dio a Séptimo Día este miércoles: "Soy optimista, pero que se caiga es una posibilidad".
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Como se sabe, la única alternativa real se llama ARC Energy. Una firma norteamericana que empezó a sobrevolar a Pescarmona SA casi a principios de año, pero que, en el medio, con esos capitales ya casi listos para venir y poner el dinero (según se cree), fue partícipe de un llamado a licitación internacional. Ahí quedó demostrado lo que varios ya sabían o intuían: se presentaron ellos. No hay más interesados a la vista. Sólo los estadounidenses. ¿Los habrá hecho dudar tener esa certeza? ¿Saber que los mendocinos parecen necesitarlos más a ellos que ellos a la firma mendocina? ¿Tendrá que ver esto con la demora que hay para hacer el traspaso final?
Algunos creen que sí. Y al borde del precipicio, aparecen problemas que son poco observables a simple vista, pero que están latentes. Uno de ellos es lo que puede llegar a pasar con los contratos que IMPSA ha firmado, que debe cumplir y que no tiene -si se cae esta venta- perspectivas de poder honrar. Esos privados con los que cerró, YPF por ejemplo, pueden ejecutar los contratos si no se cumple con la entrega de las estructuras y maquinarias acordada. Eso significaría otra erogación más a la interminable deuda de la firma, que a su vez estaría siendo observada por los intereasados.
¿Cómo responderían los accionistas a ese reclamo? ¿Con qué plata? ¿Cómo impactaría en la tensa negociación con los empleados que ya al día de hoy están protestando por sus sueldos?
Preguntas para hacerse. En verdad, preguntas que puertas adentro se están haciendo los actores principales de esta historia.
Segundo problema invisible -sólo a simple vista, aunque estruendoso para los que están ahí-: qué pasará con las indemnizaciones si es que hay que pagarlas. Si es que efectivamente hay un cierre.
Si IMPSA se apaga, en principio habría que indemnizar a 720 personas. No todas están en planta, varios empleados tienen convenios disímiles de trabajo, y también hay otros caminos legales que podrían eximirla -al menos por un tiempo- de poner esos montos. Pero, sea como sea, y más aún teniendo en cuenta que el Estado es el principal accionista, es probable que haya que pagar.
Y he aquí el dato: hay altos mandos que ya lo tienen estudiado a ese número: son 30 millones de dólares. 30 palos verdes que Finanzas, según cuentan,viene analizando al menos desde agosto. Evidentemente, ese final que nadie quiere que ocurra está en el radar de los que manejan buena información sobre la firma.
La cuestión de fondo es: tras el salvataje pretendidamente heroico que hizo Alberto Fernández en IMPSA, celebrado con fotos, con videos, cantitos y loas al Estado interventor. ¿Qué hizo ese Estado? ¿Le fue bien o le fue mal? ¿Logró su cometido principal que era "salvar" a la firma de su caída?
Lógicamente, viendo el desenlace, hay que asegurar que le fue mal. Pero se puede aguzar la vista un poco más: el 2023 fue un “buen” año de contratos para la empresa. En cifras del peronismo que la estatizó, entraron 42 millones de dólares. Pero hay algo más ahí: tras bambalinas, lo que cuentan es que ARC Energy está señalando que esos contratos fueron a pérdida. Que en la nueva lógica, que era el Estado vendiéndole al propio Estado -lógica inédita total para Pescarmona SA- se firmaron contratos por menos dinero, más baratos, de lo que se debía. Así lo aseguran calificadas piezas de ese mecanismo que hoy es la empresa: “Si esto salía 10, debió salir 14”, ejemplifican.
Pero eso no es lo único objetable para el Estado salvador y para las dirigencias que celebraron la intervención. ¿Salió la política a generar, a encontrar, un inversor para que la empresa volviera a la senda que la hizo grande, que fue la del camino privado? ¿Buscaron, una vez mejorados los números -porque hay que reconocer que lo hicieron- a ese gigante que pudiera sumarse o comprarla?
No, para nada. Y no sólo no lo hizo la gestión kirchnerista, que está acostumbrada a sostener elefantes blancos. Tampoco lo hizo Mendoza, en los años de la administración Suarez. No se buscó a ese accionista privado. Aparece ahora, en 2024.
Se prefirió entonces un esquema de negocios (en parte) de Estado a Estado y nunca surgió en el horizonte el comprador que, ya entonces -y no sólo ahora- era acuciante conseguir. Antes debieron lanzarse a lo que ahora pretende lograrse en tiempo de descuento. El 2024, ahora con otra perspectiva del manejo del país y de su economía, deja a IMPSA otra vez con las ruedas para arriba.
O quizás desnuda que ya estaba con las cuatro ruedas para arriba.
Hay un hecho paradigmático: el lunes 9 de diciembre, este lunes, se pensaba hacer el encuentro para que ARC pusiera la plata, aterrizara su firma en el papel e inaugurara una nueva etapa con capitales frescos y un nuevo manejo de la deuda.
Finalmente, el lunes 9 de diciembre, este lunes, también será un día clave. Pero no para aquello: lo que habrá es un encuentro, obligado por la Subsecretaría de Trabajo, para que los empleados sepan, apenas, si van a poder cobrar la totalidad de su sueldo. Y, ya con un golpe de suerte, también su aguinaldo.
Buena síntesis de un “salvataje” estatal que al final no logró salvar a nadie. Sólo postergar.
Ahora el verdadero reencauce vendrá, si es que viene, por el lado del mundo privado.
