El Gobierno de Estados Unidos solicitó al Tribunal Supremo permitir la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros de 1789, lo que le permitiría deportar a venezolanos sin el debido proceso judicial. Esta solicitud llega después de que, a mediados de marzo, 200 ciudadanos venezolanos fueran enviados a una prisión en El Salvador, por orden del presidente Donald Trump.
Donald Trump solicitó al Supremo de Estados Unidos permiso para deportar venezolanos sin juicio
El Gobierno de Donald Trump pidió al Supremo de Estados Unidos que le permita deportar a venezolanos sin proceso judicial
Donald Trump presentó una solicitud urgente
La Administración de Donald Trump presentó una solicitud urgente al Tribunal Supremo después de que un tribunal de apelaciones mantuviera el bloqueo temporal a la aplicación de esta ley, emitido por el juez James Boasberg el 15 de marzo. El Gobierno argumenta que la situación de seguridad nacional es demasiado urgente para ser resuelta en tribunales de menor instancia, informó la agencia EFE.
Donald Trump defiende la deportación de los venezolanos como parte de su lucha contra el Tren de Aragua, una banda transnacional que acusa de infiltrarse en el Gobierno de Nicolás Maduro. El presidente invocó la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial, para permitir la expulsión de extranjeros sin necesidad de una audiencia judicial.
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El juez Boasberg sobre el tapete
A pesar de la orden judicial del juez Boasberg, el mismo 15 de marzo el Gobierno de Estados Unidos envió tres aviones desde Texas, entregando a unos 200 venezolanos, a quienes se les acusa de ser miembros del Tren de Aragua. Estos ciudadanos venezolanos fueron trasladados a una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
El 26 de marzo, el tribunal federal de apelaciones ratificó el bloqueo a la ley, lo que sumó un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno de Donald Trump y los jueces que bloquearon diversas iniciativas del Ejecutivo. Esta disputa provocó que Trump cuestione la separación de poderes en Estados Unidos, sugiriendo incluso la destitución de los jueces involucrados.
Este caso refleja el choque entre la Casa Blanca y el sistema judicial estadounidense, en un contexto donde el presidente busca aplicar medidas de seguridad nacional de manera urgente, mientras que los jueces defienden los derechos constitucionales de los afectados.




