El Gobierno de Mendoza puso en marcha una millonaria e integral renovación tecnológica para la seguridad pública y el sistema penitenciario. Mediante la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo autorizó llamados a licitación pública para avanzar de forma simultánea en dos frentes clave: el bloqueo de cárceles y la expansión de cámaras urbanas.
Seguridad tecnológica
El Gobierno invertirá más de $5.800 millones en cámaras de videovigilancia e inhibidores para cárceles
A través de los decretos en el Boletín Oficial, el Gobierno licita el bloqueo de señales en Almafuerte I y II y la compra de 1.200 cámaras para las calles de Mendoza
Inversión récord en seguridad el Gobierno comprará 1.200 cámaras e inhibidores para cárceles
En total, las inversiones proyectadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia superan los $5.800 millones con cargo al presupuesto vigente del 2026. Ambas iniciativas fueron coordinadas y solicitadas de manera técnica por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad y cuentan con el visto bueno legal y financiero de los organismos de control del Estado, marcando una fuerte apuesta a la incorporación de herramientas digitales para combatir el delito y regular el funcionamiento de los penales.
Inhibidores de señales en Almafuerte I y II por más de $3.600 millones
El primero de los instrumentos legales, el Decreto N° 1.283, destina un presupuesto oficial de $3.625.000.000. El objetivo concreto es la adquisición y montaje de un complejo sistema de inhibición de señales electromagnéticas para los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II, ubicados en la localidad de Cacheuta.
El proyecto apunta a neutralizar las comunicaciones telefónicas ilegales y la conectividad móvil no autorizada dentro de estos establecimientos de máxima seguridad. Según los considerados del decreto, la inversión inicial autorizada por el mandatario y el Ministerio de Hacienda y Finanzas se había fijado sobre una proforma de 2.500.000 dólares estadounidenses.
Sin embargo, las autoridades de la Dirección de Administración aclararon que, debido a las variaciones en la cotización de la moneda extranjera ocurridas desde la emisión de la autorización original, el monto final expresado en pesos debió reajustarse para cubrir los costos del mercado técnico, manteniendo inalterado el presupuesto fijado en dólares. Al superar las competencias financieras de los ministerios, el llamado requirió la firma directa del Gobernador tras recibir el dictamen favorable de la Asesoría Letrada.
Compra millonaria de 1.200 cámaras para las calles de la provincia
En paralelo, el Ejecutivo provincial oficializó el Decreto N° 1.284, el cual autoriza la compra de 1.200 cámaras de videovigilancia destinadas a robustecer el Sistema de Videovigilancia Provincial en las calles, accesos y zonas calientes de Mendoza.
Para esta adquisición, el presupuesto oficial asignado de forma preventiva asciende a la suma de $2.182.500.000. El documento expone una particularidad administrativa favorable para el Estado: en la planificación inicial del decreto de acuerdo del año pasado, el gobernador Alfredo Cornejo había previsto una partida de 1.500.000 dólares para comprar originalmente unas 1.000 cámaras de seguridad. No obstante, al momento de analizar la documentación final y las ofertas de mercado vigentes, la Dirección de Administración detectó que el monto autorizado en dólares permitía estirar la compra e incorporar 200 equipos adicionales.
De esta manera, el requerimiento se adecuó para sumar 1.200 dispositivos de monitoreo en total, optimizando el rendimiento de la partida presupuestaria en moneda extranjera, la cual no sufrió modificaciones en su techo total. Este proceso contó también con la intervención y el visto bueno del Comité de Información Pública (ComIP) y los servicios administrativos de la Contaduría General de la Provincia.
Próximos pasos y plazos de ejecución
A partir de la entrada en vigencia de ambos decretos, la División Compras dependiente de la Dirección de Logística del Ministerio de Seguridad quedó formalmente facultada para iniciar los procedimientos administrativos de las licitaciones.
Ambas contrataciones se resolverán bajo los lineamientos de la Ley de Administración Financiera N° 8.706. En el transcurso de las próximas semanas se publicarán las fechas límite para que las empresas tecnológicas nacionales e internacionales presenten sus propuestas económicas y especificaciones de hardware para la instalación de las cámaras y el despliegue de los inhibidores carcelarios en el sur de Luján de Cuyo.
