Editorial Jueves, 22 de febrero de 2018

Un fallo irritante

La llamada "Justicia garantista" ha vuelto a sorprender a los mendocinos con un fallo que ha provocado ira.

La Justicia de Mendoza ha vuelto a sembrar la polémica al dictar uno de los fallos más irritantes de los que se tenga memoria.

Difícilmente la ciudadanía pueda entender la decisión de los magistrados que integran la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, que revirtió un fallo de primera instancia y condenó al Estado provincial -es decir, a todos los contribuyentes de Mendoza- a indemnizar al reo Enrique Hugo Montuelle Masmuk (36), uno de los presos más peligrosos del sistema penitenciario, por los daños físicos y mentales que asegura haber sufrido durante su estadía en las cárceles donde estuvo alojado.

La decisión la tomaron los camaristas Gustavo Alejandro Colotto, Graciela Mastracusa y Sebastián Márquez Lamená.

Ellos anularon la sentencia de primera instancia del magistrado Darío Penisse, del Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada, quien había rechazado el pedido indemnizatorio que reclamaba el detenido Montuelle a la Provincia.

Montuelle, que está preso desde fines del 2003, cometió tres resonantes asesinatos en 2004 y 2006 dentro del penal de la penitenciaría provincial de la calle Boulogne Sur Mer.

En enero de 2013, Montuelle fue atacado por otros presos en el penal Almafuerte, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía donde le extrajeron el bazo y parte del intestino delgado. Tras ese hecho el reo presentó una demanda en la Justicia y exigió una indemnización de $700.000 por daños material, moral y psicológico.

El juez Penisse, quien rechazó la demanda en primera instancia, estimó que el demandante nunca se adaptó al régimen penitenciario y lo caracterizó como una persona peligrosa con personalidad antisocial, conducta violenta y desbordes impulsivos.

Ahora los camaristas de la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil consideraron que el Estado provincial es "responsable" de los daños físicos y psicológicos sufridos por Montuelle por no haber cumplido con normas y leyes que hacen al cuidado de los presos.

El gobierno de Cornejo calificó de "desatinada" la indemnización y criticó la visión de "una Justicia garantista" que sólo pone el foco en los delincuentes y no en las víctimas de esos delincuentes".

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