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La producción lechera de Entre Ríos representa el 4% del mapa nacional. Igual hay más de mil tambos que generan trabajo.
Como contraprestación, los productos lácteos se regían por un tope mensual de 5% como parte del programa Precios Justos, el cual finalizó con el cambio de autoridades.
Previamente, los productos lácteos eran gravados con derechos de exportación de 9% para la leche en polvo y 4,5% para los quesos, leches fluidas, lactosuero y manteca.
La extensión de la prorroga responde a la continuidad de los “bajos precios internacionales” para los productos lácteos que se registra desde el segundo semestre del año pasado, lo cual generó “una menor capacidad de pago de las industrias hacia los productores”, manifiestan los considerandos del decreto.
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“En este contexto de baja de precios internacionales y una débil demanda del principal consumidor mundial, los volúmenes exportados, así como el ingreso de divisas por este concepto, se vieron afectados durante el año 2022, y agudizados durante el transcurso del año 2023, con una fuerte caída en comparación al mismo período del año 2022”, se añade.
La prórroga de la suspensión hasta el próximo 30 de junio resulta “necesaria” para “continuar y mejorar el nivel de ingresos de los productores y de la industria, promover el desarrollo e incentivo de la producción y el agregado de valor nacional, impulsar las ventas a mercados externos, mejorar la competitividad de la cadena y fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región del país”.
Por otro lado, el decreto de hoy anula el régimen de reintegros que tenía el sector en los productos elaborados a base de leche, caseína y derivados.
El mismo consistía en la devolución total o parcial de los impuestos internos que se pagaron en las distintas etapas de producción, previo a la exportación, y consistía de un porcentaje que se aplica sobre el valor FOB de la mercadería a exportar.
Los porcentajes de reintegros podían ascender hasta un 5%, según el producto.
Según argumentó el Gobierno, los reintegros “no sólo generan una erogación para el Estado, sino que perjudican el desarrollo de un mercado lácteo transparente y equitativo que requiere de reglas claras, justas e iguales para los diversos actores”.
En esa línea, señalaron que sostener los reintegros “arremete contra los principios de libre competencia fundamentales en nuestra economía actual”, y su eliminación persigue también “el objetivo de optimizar y tornar más efectivo el gasto público”.
Al igual que la reducción de las retenciones al 0%, la eliminación de los reintegros, por el momento, es temporaria y regirá también hasta el 30 de junio próximo.
De aprobarse el proyecto de ley “ómnibus” enviado al Congreso, la fijación de una alícuota de 0% para las retenciones para el sector lácteo sería de carácter permanente.