Después de muchas especulaciones, idas y vueltas y hasta nombres que no terminaron de conocerse, la re-privatización de IMPSA dio un paso fundamental. Este jueves, la firma norteamericana ARC Energy terminó de formalizar su oferta por el 85% de acciones que el Estado tenía en venta y devino en un llamado a licitación a principios de octubre.
IMPSA se encamina, ahora sí, a la privatización tras conocerse la mejora de oferta de la firma interesada al Gobierno
Si bien resta conocer cuál es el monto final de la propuesta económica, el grupo inversor había anticipado su intención de "capitalizar" a IMPSA en U$S30 millones.
A comienzos de julio el grupo experto en desarrollo de energías renovables con casa matriz en Texas había firmado un acta-acuerdo con representantes del gobierno nacional (tenedor del 63,7% del paquete de IMPSA) y el gobernador Alfredo Cornejo, en nombre del 21,2%% en manos de la Provincia.
Es el único interesado que finalmente seguirá en carrera, tras cerrarse el período de presentación de ofertas que había comenzado el 1 de octubre. Sin embargo, al principio había otros en la línea de largada.
El proceso de privatización de IMPSA
"Del total de interesados que compraron el pliego, se presentó una oferta, de Industrial Acquisition Fund LLC (ARC Energy). A partir de hoy, la Comisión Evaluadora iniciará un proceso de análisis", señaló IMPSA a través de un comunicado.
En principio, el convenio estipulaba el inicio de un período de 30 a 60 días para que otros grupos pudieran equiparar una eventual propuesta de ARC Energy. A su vez, la firma debía terminar su valuación de activos y pasivos de IMPSA (due-dilligence).
Pero recién el 1 de octubre el gobierno de Javier Milei lanzó el proceso de "licitación pública"nacional e internacional". Un proceso del que, inicialmente, se especuló que atraería a al menos otros 2 competidores, entre capitales extranjeros y argentinos.
Sin embargo, Jason Arcenaux, dueño de ARC Energy, ya había anticipado su propósito de adquirir el control accionario de IMPSA.
Ahora la decisión final está en manos del gobierno, que abocado a pleno a la privatización de empresas con presencia estatal, tiene en la multinacional mendocina su primer caso testigo.