El gobierno nacional formalizó la creación de un programa voluntario para saldar las obligaciones atrasadas con empresas del sector de la infraestructura. A través de este mecanismo financiero, se busca regularizar el pasivo de la obra pública mediante la entrega de títulos públicos, ante la falta de partidas presupuestarias líquidas para afrontar los pagos en efectivo.
Títulos públicos
Nación lanzó un plan de pago con bonos para deudas de obra pública
El Ministerio de Economía busca cancelar deudas con constructoras por un límite global que se fijó en un monto cercano a los U$S 150 millones
Luis Caputo, el ministro de Economía le hizo una oferta a empresarios ligados a la obra pública.
Foto: Noticias ArgentinasLa medida quedó oficializada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura. El nuevo esquema, denominado Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, abarca a las acreencias devengadas entre enero de 2022 y diciembre de 2025, según informaron las fuentes oficiales.
El alcance de las deudas en la obra pública
Según el texto oficial, el límite global fijado por el Poder Ejecutivo para la cancelación de estos compromisos asciende a U$S 146.436.761,27. Los conceptos que las constructoras podrán incorporar al programa de obra pública incluyen certificados pendientes de pago, acopio de materiales, redeterminaciones de precios, intereses por mora y la devolución de fondos de reparo o depósitos de garantía.
La normativa de la obra pública alcanza a los contratos celebrados bajo la Ley 13.064 y a proyectos con financiamiento de organismos multilaterales de crédito. El Palacio de Hacienda dispuso que la cancelación de la deuda corriente no se realice con fondos en efectivo, sino mediante una canasta compuesta por tres instrumentos específicos de deuda pública.
Las condiciones financieras de la obra pública
Estos activos financieros serán valuados a su valor técnico del día hábil anterior al de su entrega efectiva a los contratistas que decidan adherirse. La distribución de los títulos de la obra pública se estructuró en tres porciones equivalentes de la siguiente manera:
- Un 33% en Letras del Tesoro capitalizables (Lecap) con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
- Un 33% en Bonos del Tesoro capitalizables (Boncap) con vencimiento el 15 de enero de 2027.
- Un 34% en Bonos del Tesoro capitalizables (Boncao) con vencimiento el 30 de abril de 2027.
Con esta ingeniería financiera, la administración central busca estirar los plazos de pago y mantener la pauta del superávit fiscal. De esta forma, busca evitar la emisión monetaria directa o el uso de reservas líquidas para cancelar pasivos corrientes del área de infraestructura.
Requisitos para las empresas de obra pública
La adhesión al régimen es de carácter voluntario, pero impone condiciones estrictas para el sector privado. Las empresas contratistas de la obra pública disponen de un plazo de 10 días hábiles para formalizar su presentación. Como contrapartida central para recibir los títulos, las firmas deberán desistir de todas las acciones judiciales en curso.
También deberán bajarse de los reclamos administrativos presentados y de cualquier demanda futura vinculada a los contratos de obra pública incluidos en el acuerdo. El programa contempla tanto a los proyectos que se encuentran actualmente vigentes como a aquellos contratos que fueron extinguidos a partir del 1 de enero de 2024.
Los organismos descentralizados que dependen de las Secretarías de Transporte y de Obras Públicas también podrán aplicar este mecanismo de extinción de obligaciones si resuelven adherir a la disposición general del Ministerio de Economía.
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