El gobierno nacional aprobó la realización de operaciones de deuda pública por hasta U$S5.000 millones. La medida de la administración central incluye la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York, Estados Unidos.
Argentina buscará préstamos con diversas entidades financieras internacionales.
La normativa, publicada en del decreto 478/2026, busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro nacional. Este proceso se concretará mediante la obtención de préstamos con diversas entidades financieras internacionales, las cuales contarán con garantías parciales otorgadas por organismos multilaterales de crédito.
El documento oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, faculta al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas específicas de prórroga de jurisdicción. Esta disposición implica que la Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante cualquier reclamo en la sede judicial estadounidense vinculado con los contratos de la deuda pública.
Por su parte, el Ministerio de Economía de la Nación tendrá la responsabilidad de determinar las fechas, los métodos de amortización y las monedas en que se estructurarán estas operaciones de crédito externo. Asimismo, la cartera económica quedó autorizada para designar a las instituciones financieras participantes, suscribir acuerdos, pagar las comisiones del mercado actual y contratar agentes fiscales o agencias calificadoras de riesgo.
Los límites legales ante la deuda pública
A pesar de la prórroga de jurisdicción hacia los tribunales de Manhattan, la normativa del Ejecutivo establece límites estrictos con el propósito de resguardar el patrimonio del Estado argentino. El artículo segundo del decreto detalla que no se aplicará ninguna renuncia a la inmunidad de ejecución sobre un conjunto de activos calificados como estratégicos.
Entre los bienes que quedan exceptuados de embargos por eventuales litigios de la deuda pública, se destacan las reservas o cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). También se encuentran protegidos los bienes del dominio público situados en el territorio, los activos destinados a servicios públicos esenciales y aquellos declarados de utilidad pública por el Congreso de la Nación.
De la misma manera, el decreto ratifica la protección sobre los activos alcanzados por privilegios diplomáticos y consulares, así como los bienes de carácter militar o bajo el control de las agencias de defensa y seguridad interior. La medida también resguarda los recursos de la herencia cultural de la Nación y los fondos provenientes de impuestos y regalías adeudadas al Estado.
El contexto financiero de la deuda pública
La decisión de formalizar esta alternativa de financiamiento responde a la estrategia del equipo económico para gestionar los compromisos de la deuda pública en un escenario global complejo. La presencia de avales de entidades multilaterales funciona como una herramienta para morigerar el riesgo y obtener tasas de interés menores a las que el país convalidaría en los mercados voluntarios.
La Secretaría de Finanzas, dependiente de la cartera de Luis Caputo, será la encargada de coordinar las ofertas de los bancos internacionales. El texto aclara que las operaciones financieras bajo este esquema podrán realizarse de manera paulatina o en un solo bloque, dependiendo de la liquidez del mercado internacional y de las necesidades del programa fiscal vigente.