El gobierno nacional formalizó este martes la actualización de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196), una medida que no se implementaba desde hacía tres décadas. A través de una normativa publicada en el Boletín Oficial, se busca agilizar la gestión administrativa y reducir costos para las empresas del sector.
Luego de 30 años
Nación actualizó el régimen de inversiones mineras y simplificó trámites
La administración nacional oficializó cambios en la normativa para simplificar trámites, agilizar devoluciones de IVA y optimizar la estabilidad fiscal para la minería
Minería. La nueva normativa actualiza el procedimiento para la obtención del certificado de estabilidad fiscal.
La reforma introduce modificaciones profundas en la interacción de las inversiones en minería con las dependencias públicas del país. Las autoridades nacionales indicaron que el esquema previo generaba retrasos innecesarios en la aprobación de proyectos estratégicos para el desarrollo de la actividad metalífera.
Antes de estas modificaciones, las empresas debían afrontar largos procesos burocráticos que desalentaban la llegada de capitales. Con el nuevo marco, se busca que la minería se convierta en un motor económico dinámico, eliminando trabas que databan de los años noventa y que habían quedado totalmente obsoletas para el mercado global actual.
Cambios en el régimen de inversiones mineras y estabilidad fiscal
La nueva normativa actualiza el procedimiento para la obtención del certificado de estabilidad fiscal por 30 años. Se aclaró formalmente que este beneficio posee un carácter declarativo y que la fecha de vigencia será la de la presentación del estudio de factibilidad original, otorgando previsibilidad a todos los proyectos de inversiones mineras.
Asimismo, la actualización regulatoria impacta positivamente en la Zona Cuyo, una región clave para la atracción de capitales privados destinados a la explotación de recursos. El marco renovado apunta a dotar de mayor certidumbre jurídica a los inversores internacionales que evalúan activos en Mendoza y el resto de las provincias andinas.
Los especialistas del sector aseguran que la estabilidad fiscal es el factor más determinante para las multinacionales a la hora de invertir. Sin un horizonte claro a largo plazo, resulta imposible planificar la construcción de yacimientos.
Beneficios impositivos en el desarrollo de inversiones mineras
En materia impositiva, el texto oficial detalla la optimización del procedimiento de devolución acelerada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la etapa de exploración. Con esta decisión, se simplifica de manera integral la documentación requerida por los organismos de control técnico para las inversiones mineras.
A partir de la implementación de la medida, queda eliminada la obligación de notificar los trabajos exploratorios previos. Esta desregulación busca dinamizar las etapas iniciales de la actividad, reduciendo los tiempos de espera burocráticos y agilizando el flujo de caja de las firmas operadoras que apuestan por el desarrollo local.
La agilización del IVA representa un alivio financiero inmediato para las empresas de exploración, que suelen pasar años invirtiendo en riesgo antes de extraer el primer gramo de mineral. Aliviar esa carga fiscal inicial es una de las estrategias más utilizadas globalmente para reactivar las reservas metalíferas.
Adecuación ambiental para las inversiones en minería
El decreto armoniza las exigencias de la ley sectorial con la Ley General del Ambiente (N° 25.675). La acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) podrá satisfacer el requisito de previsión para la remediación de alteraciones en el entorno natural, facilitando la viabilidad de las inversiones mineras en todo el territorio nacional.
El Ejecutivo nacional consideró que este seguro constituye un instrumento más eficaz y verificable que el mero asiento contable previsto con anterioridad. Al destacar los alcances, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que estas modificaciones permiten simplificar, reducir costos y bajar la incertidumbre asociada a la intervención estatal.
El funcionario remarcó que menos trámites significan menos riesgo para los empresarios que deciden radicar fondos en el país. Las nuevas disposiciones entran en vigencia a partir del miércoles 24 de junio, aunque la Secretaría de Minería dispone de un plazo de 60 días corridos para dictar las normas complementarias necesarias para las empresas del sector.