La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó en la Legislatura provincial el proyecto de ley para la creación del Fondo de Compensación Ambiental de Mendoza. La iniciativa busca dotar a la provincia de una herramienta ágil y específica para actuar de forma inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o la degradación de zonas.
Minería
Los detalles del Fondo de Compensación Ambiental que ingresó a la Legislatura
El Fondo de Compensación Ambiental busca asegurar el desarrollo sustentable, la restauración de ecosistemas afectados y promover políticas preventivas
Jimena Latorre, Celso Jaque, Hebe Casado y Martín Kerchner en la Legislatura.
El envío del proyecto coincide con la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de remitir a la Legislatura una nueva ley de regalías mineras, anuncio que realizó durante la apertura de Argentina Mining 2025. La secuencia refuerza el impulso del Gobierno provincial por fortalecer el marco regulatorio en un contexto de reactivación del sector
El Fondo de Compensación Ambiental busca una herramienta ágil y específica para actuar rápido ante daños ambientales colectivos, emergencias o la degradación de zonas.
Restauración y Agilidad, el objetivo del Fondo de Compensación Ambiental
El principal propósito del Fondo de Compensación Ambiental, según el articulado, es asegurar la restauración de ecosistemas afectados y promover políticas preventivas, todo en el marco de un desarrollo sustentable.
El Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de aplicación y la encargada de administrar el Fondo de Compensación Ambiental. La reglamentación posterior definirá el sistema de gestión financiera, los mecanismos de control, el modo de depósito y los procedimientos para su utilización.
La ministra Jimena Latorre justificó la medida al señalar que el proyecto salda una "deuda" provincial, al dar cumplimiento a la Ley General del Ambiente de la Nación N°25.675, que obliga a la creación de un fondo de compensación ambiental mediante una ley especial.
"Este fondo responde a una deuda que tenía la provincia en la manda otorgada por la Ley General del Ambiente de la Nación N°25.675", dijo Jimena Latorre.
Destino de los recursos del Fondo de Compensación Ambiental
Los recursos del Fondo tendrán una afectación específica y estarán destinados a:
- Restauración o mitigación de daños ambientales de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén identificados.
- Compensación para recomponer áreas dañadas por actividades industriales.
- Atención de emergencias ambientales.
- Obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades afectadas.
- Montos provenientes de indemnizaciones judiciales por daño ambiental sin destino específico.
El proyecto garantiza la inembargabilidad de los recursos y su exención de impuestos provinciales y municipales para asegurar su destino exclusivo a la recomposición ambiental.
Las fuentes de financiamiento
El capital del Fondo provendrá de una variedad de fuentes, entre las que se destacan:
- Multas, tasas y tributos vinculados a la normativa ambiental provincial.
- Indemnizaciones judiciales por daños ambientales.
- Aportes exigidos en Declaraciones de Impacto Ambiental.
- Subsidios, donaciones, convenios y legados.
- Créditos nacionales o internacionales para prevención, mitigación o restauración.
- Recuperos obtenidos mediante acciones legales contra responsables de daños.
Prevén una intervención sin demoras y recupero de costos
Un punto clave de la propuesta es la potestad que otorga al Estado para intervenir inmediatamente para detener y reparar daños, incluso si el responsable es desconocido o no puede afrontar los costos.
Una vez determinada la responsabilidad, la ley habilita las acciones de repetición para recuperar las erogaciones realizadas por el Estado.
Desde el Ministerio se destacó que este proyecto "ordena la respuesta institucional frente a contingencias ambientales, alinea a Mendoza con los estándares nacionales y garantiza el principio de prevención y reparación como pilares del desarrollo sustentable".
Finalmente, el texto invita al Departamento General de Irrigación y a los municipios a adherir y aportar recursos, estableciendo un plazo de 180 días para su reglamentación tras la promulgación.
En un acto "simbólico" en Mesa de Entradas de la Legislatura, la ministra Jimena Latorre ingresó el proyecto acompañada por la vicegobernadora Hebe Casado, los intendentes de Las Heras (Francisco Lo Presti) y Malargüe (Celso Jaque), y autoridades del Senado y la Cámara de Diputados.
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