Lo que hace años comenzó como un declive financiero hoy es una realidad irreversible: Garbarino cerró definitivamente sus últimas persianas. Tras la quiebra decretada por la Justicia, la sindicatura ha iniciado el proceso para liquidar los activos que aún posee la firma, marcando el fin de un emblema que supo dominar el consumo masivo en Argentina.
El desplome de la compañía no fue repentino, sino el resultado de una crisis que se profundizó tras el cambio de manos en 2020. A pesar de los intentos de reestructuración, la cadena no pudo hacer frente a:
- Deudas millonarias: pasivos acumulados con proveedores, entidades bancarias y el fisco.
- Conflicto laboral: miles de empleados quedaron a la deriva, con salarios impagos y despidos sin indemnización tras el cierre de más de 200 sucursales en todo el país.
- Falta de stock: en los últimos meses, los pocos locales que permanecían abiertos lucían estanterías vacías, operando más como puntos de reclamo que de venta.
El remate de los bienes
Con la quiebra firme, la Justicia ha ordenado el avance sobre los bienes de Garbarino. Según detallan fuentes judiciales, el proceso incluye:
- Venta de mercadería: el stock remanente de electrodomésticos, tecnología y artículos del hogar será liquidado para recaudar fondos.
- Bienes muebles: estanterías, computadoras de oficina, vehículos y mobiliario de los locales.
- Marcas y dominios: el valor intangible de la marca "Garbarino" y sus plataformas digitales también entran en la disputa de los acreedores.
"Es el fin de una etapa para el retail en Argentina. Garbarino no pudo adaptarse a las nuevas reglas del juego ni a la asfixia financiera", señalaron analistas del sector.
El impacto en los trabajadores
El mayor problema de este cierre reside en el capital humano. Durante el proceso de crisis, el gremio de Comercio denunció reiteradamente el abandono de la patronal.
Con el cierre de las últimas bocas de expendio de Garbarino, se termina de desmoronar la esperanza de una reactivación que nunca llegó, dejando un tendal de familias que aún pujan por cobrar lo que les corresponde por ley.




